Entre el 12 de mayo y el 12 de junio, la Policía Boliviana interceptó más de Bs 7 millones en efectivo durante al menos siete operativos realizados en diferentes regiones del país, en el contexto de las movilizaciones, marchas y bloqueos que se desarrollan desde hace varias semanas.
De acuerdo con reportes oficiales, los recursos presuntamente estaban destinados a dirigentes y organizadores de las protestas. Las investigaciones preliminares apuntan a que parte del dinero era trasladado por emisarios provenientes del trópico de Cochabamba, quienes contaban con autorizaciones para circular por carreteras bloqueadas.
Uno de los casos más significativos ocurrió el 12 de mayo en la ciudad de La Paz. En inmediaciones de la Garita de Lima, efectivos policiales aprehendieron a un hombre que transportaba cerca de Bs 5 millones en efectivo. El intervenido aseguró que el dinero provenía de la venta de oro; sin embargo, no presentó documentación que respaldara esa versión, lo que despertó sospechas sobre el destino de los recursos.
El 18 de mayo, durante el ingreso de cinco marchas a La Paz, la Policía ejecutó tres operativos que derivaron en el decomiso de más de medio millón de bolivianos. En uno de ellos fue detenido un dirigente que portaba Bs 280.000. Según el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, el dinero estaba destinado al pago de participantes de las movilizaciones.
Ese mismo día, otros tres individuos fueron encontrados con Bs 243.000 distribuidos en mochilas, además de cascos de minero. En un tercer operativo, dos personas fueron arrestadas con Bs 34.690 y cuadernos que contenían listas de participantes y dirigentes sindicales vinculados a las protestas.
El 31 de mayo, en el puente Parotani, Cochabamba, la Policía interceptó a Pascual Ch. V., quien transportaba Bs 190.000. Según el reporte oficial, no logró justificar el origen ni el destino del dinero. Los investigadores señalaron que en su teléfono celular se encontraron mensajes intercambiados con dirigentes del trópico cochabambino.
Posteriormente, el 3 de junio, durante un operativo para recuperar el control del campo gasífero Humberto Suárez Roca, en el municipio cruceño de Santa Rosa del Sara, fue aprehendida una mujer que llevaba Bs 14.000 en efectivo y tampoco pudo explicar su procedencia.
Otro caso ocurrió el 8 de junio en Oruro, donde siete personas fueron detenidas con Bs 92.600, además de una autorización emitida por una federación de cocaleros del trópico de Cochabamba para transitar por rutas bloqueadas. También se incautaron 50 litros de gasolina, teléfonos celulares y hojas de coca.
Finalmente, el 12 de junio, efectivos policiales decomisaron cerca de un millón de bolivianos que eran transportados en una ambulancia perteneciente al municipio de Puerto Villarroel. El operativo se realizó en Cochabamba y derivó en la aprehensión de varias personas.
Las autoridades sostienen que los hallazgos fortalecen las investigaciones sobre el posible financiamiento de las movilizaciones. Sin embargo, desde sectores movilizados rechazan esas acusaciones. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, negó la existencia de financiamiento externo y aseguró que las protestas responden a demandas sociales y económicas.
“Aquí no existe ningún tipo de financiamiento”, afirmó el dirigente, quien además pidió a Evo Morales no atribuirse las movilizaciones. “No se pueden colgar de esta movilización reivindicativa”, manifestó.
