Por: Edwin Cacho Herrera

Evo Morales lleva un año y ocho meses atrincherado en el trópico cochabambino, demostrando, entre otras cosas, que la soberanía nacional se ha perdido por completo en un territorio exuberante y de enorme potencialidad productiva. Apresurado, en octubre de 2024, luego de encabezar la última marcha contra Luis Arce, volvió al refugio que le garantiza un elemento central: impunidad.

No es que el caudillo reflexiona en esas cálidas tierras sobre una nueva alternativa democrática para los bolivianos tras el fracaso del populismo autoritario de dos décadas. Tampoco es escenario de formación de nuevos cuadros que emerjan como portadores de una renovada visión de país desde la perspectiva indígena que tiene como nuevo ecosistema político los centros urbanos.

Su confinamiento en el lugar más seguro para él desde que alcanzó el máximo nivel de conducción cocalera tiene que ver con la comodidad en la que se apoltrona la impunidad. Básicamente se comunica con el mundo a través de sus redes sociales y un medio de comunicación digital; desarrolla su rutina sindical y de emprendedor custodiado por un equipo de seguridad fuertemente armado; y hasta puede ordenar la asfixia de millones solo para evitar la ley. Y aquí quedemos claros en que sus problemas judiciales dejaron de ser domésticos.

Por eso, el dardo envenenado lanzado por Jorge Quiroga de que Morales tiene imputaciones selladas en Estados Unidos, a partir de declaraciones incriminatorias que habrían realizado personajes de dimensión continental como Cilia Flores y Álex Saab, esposa-socia y testaferro del encarcelado exdictador venezolano Nicolás Maduro, además de exjefes antidrogas nacionales como Maximiliano Dávila y René Sanabria, busca responder la pregunta de por qué Morales decidió condenar a muerte a la mayoría de los bolivianos, incluidos pueblos enteros de indígenas.

El dato sobresaliente no es si hay pruebas que acompañen esas afirmaciones —la justicia estadounidense se encargará de confirmar o desmentir—; la importancia es la explicación al por qué de la desesperación del caudillo al extremo de pensar en el exterminio si es que el Estado no le sigue garantizando quedar libre de polvo y paja ante verdaderos líos judiciales de alcance transnacional como el narcotráfico y el crimen organizado.

Ordenar que se ponga en un rosario de resoluciones de un cabildo campesino realizado el viernes 12 de junio en el municipio paceño de Pucarani que se dejará a millones que habitan las ciudades de La Paz y El Alto sin agua potable y sin energía eléctrica, en medio de los bloqueos que se aproximan a los 50 días, es la muestra inequívoca de hasta dónde está dispuesto a llegar el evismo por mantener impune a Morales, refugiado en su fortaleza del trópico.

Estudiosos de las normas internacionales como Susana Peñaranda me comentaron que, según el artículo 7.1.b del Estatuto de Roma que establece que «la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población” sustenta la definición de crímenes de lesa humanidad perpetrados ahora por el ejército de bloqueadores y su comandante general, Evo Morales, todos con responsabilidad penal por autoría.

En este punto, surge una interrogante que va más allá del objetivo de impunidad perseguido desesperadamente por Morales: ¿puede una democracia consolidarse si existen actores capaces de paralizar parte de un país para imponer una agenda política particular o territorios tomados por éstos para convertirlos en refugios? Es un desafío no solamente para Bolivia, sino para buena parte de América Latina.

Por eso, resulta relevante que ese mismo viernes 12 de junio Donald Trump y Pete Hegseth, presidente y secretario de Guerra de Estados Unidos, hayan comunicado al mundo la realización de una nueva operación en Venezuela que ubicó y destruyó con un misil el refugio de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del temido Tren de Aragua.

La muerte de Niño Guerrero, al sur del estado Bolívar, puede ser considerada como una señal de que no hay refugios eternos y Morales tendría que saberlo. Hegseth declaró el domingo 14 a un programa de la CBS que Estados Unidos está dispuesto a realizar más operaciones en Latinoamérica, a solicitud de los gobiernos, sobre todo aquellos que integran el Escudo de las Américas.

Durante años, los líderes criminales de la región construyeron la ilusión de que podían desafiar indefinidamente a los Estados, corrompiendo instituciones, controlando territorios y convirtiendo países enteros en plataformas de negocios ilícitos. La captura de Maduro y la muerte de Niño Guerrero deja establecido que cuando existe decisión política, cooperación internacional e inteligencia coordinada, incluso las fortalezas aparentemente inexpugnables terminan siendo vulnerables.

Maduro estaba convencido de que mantenerse en la cúspide del poder político en Venezuela era su mejor refugio. De ahí sus discursos burlescos y desafiantes de “aquí estoy, vengan por mi…”. Se equivocó. El 3 de enero fue capturado y extraído a una cárcel de alta seguridad de Nueva York. Hoy espera un juicio por delitos de tráfico de drogas que tal vez disponga que muera en prisión. Otro, por lavado de millones de dólares provenientes del crimen organizado, se abrirá pronto en Miami.

Con Niño Guerrero no hubo ni traslado, ni enjuiciamiento. Estados Unidos lo ubicó y lo mató. Por lo informado hasta ahora, hubo seguimiento milimétrico y secreto de parte de la CIA, “ayuda” de informantes próximos al mafioso de 42 años y seguimiento satelital para determinar sus movimientos diarios en una zona selvática. La lección trasciende los casos del exdictador y del cofundador del grupo criminal. El mensaje es que no hay refugios eternos.

En el caso boliviano, la pregunta que deberíamos hacernos ya no es cuánto tiempo más podrá resistir Morales en su refugio del trópico cochabambino, sino cuánto tiempo puede resistir Bolivia a un caudillo dispuesto a exterminar por mantenerse impune y tener territorios tomados por intereses criminales, en los que el Estado ha sido sustituido por la voluntad de actores antidemocráticos y de mafias internacionales.

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.