Por: José Luis Bedregal V.

Dicen las leyendas que existen pueblos sobre los cuales pesan antiguas maldiciones. Naciones condenadas a repetir una y otra vez los mismos errores, atrapadas en círculos de frustración, pobreza y conflicto. Si alguien buscara un ejemplo de semejante tragedia, difícilmente encontraría uno más ilustrativo que Bolivia y su ancestral dependencia a los bloqueos carreteros.

En 1781, durante el cerco indígena liderado por Julián Apaza (Túpac Katari), la ciudad de La Paz permaneció aislada durante meses. El ingreso de alimentos y suministros fue interrumpido, provocando hambre, desesperación y una profunda crisis social. La geografía boliviana, caracterizada por enormes distancias y limitadas vías de comunicación, convirtió históricamente a los caminos en instrumentos de poder.

En las últimas décadas, el bloqueo de caminos adquirió rango de institución informal. Desde las movilizaciones campesinas de los años ochenta, pasando por los grandes bloqueos liderados por Felipe Quispe en el año 2000, los conflictos de octubre de 2003, las protestas cooperativistas de 2016, los bloqueos de 2019 y la interminable sucesión de cierres de carreteras ocurridos durante los últimos años, Bolivia ha consolidado una verdadera cultura del bloqueo como método de presión.

En los últimos cincuenta días, el país volvió a someterse a uno de sus rituales más destructivos: Carreteras cerradas, comunidades aisladas, alimentos encarecidos, pérdidas millonarias, exportaciones paralizadas, industrias quebradas, turismo cancelado, hospitales sin oxígeno ni medicamentos y miles de familias viendo cómo sus ingresos desaparecieron.

La escena se repite con una precisión casi sobrenatural. Cambian los gobiernos, los dirigentes, las consignas, pero el método permanece intacto, como si una fuerza invisible hubiese convencido a los bolivianos, que la mejor manera de resolver diferencias es impedir que el país funcione.

En cualquier nación que aspire al desarrollo, las carreteras representan arterias por donde circula la vida económica. En Bolivia, en cambio, parecen haberse convertido en campos de batalla permanentes, donde se disputa el poder político a costa de toda la sociedad.

Mientras el mundo compite por construir corredores bioceánicos, puertos inteligentes, sistemas logísticos modernos y cadenas globales de valor, Bolivia sigue perfeccionando la técnica de inmovilizarse a si misma.

Cada bloqueo prolongado destruye empleos, reduce la inversión, deteriora la confianza empresarial y profundiza la incertidumbre. Los productores agrícolas pierden mercados, los exportadores incumplen contratos, transportistas dejan de generar ingresos, comerciantes ven podrirse sus mercancías, emprendedores enfrentan costos imposibles de absorber y los consumidores pagan precios más altos.

Una dimensión más peligrosa, es la erosión de la convivencia democrática. Cuando los bloqueos se convierten en la herramienta preferida para imponer demandas, el diálogo pierde valor. La negociación deja de ser un instrumento racional y la capacidad de causar daño se transforma en la principal fuente de poder político. Poco a poco se instala una cultura donde la fuerza sustituye a los argumentos y donde la afectación a millones de ciudadanos se considera un daño colateral aceptable.

Esa es, precisamente, la verdadera maldición, no son solamente los cincuenta días recientes. Es una práctica que se ha acumulado durante décadas hasta convertirse en una especie de normalidad. Hemos llegado al absurdo de medir las crisis por la cantidad de puntos de bloqueo, por los kilómetros cerrados o por las toneladas de pérdidas económicas. Lo anormal se volvió cotidiano.

Bolivia transmite al mundo una imagen de permanente imprevisibilidad. Ningún inversionista serio apuesta con entusiasmo por un país donde las rutas pueden cerrarse durante semanas, ni proyecto de largo plazo prospera plenamente donde la estabilidad depende de factores tan frágiles. Las consecuencias terminan reflejándose en menos empleos, salarios más bajos y una economía cada vez más vulnerable.

Para romper esta maldición, Bolivia necesita un acuerdo nacional que establezca que las carreteras son bienes estratégicos de interés público y que su interrupción prolongada constituye una agresión contra toda la sociedad. Necesita fortalecer mecanismos institucionales de mediación temprana, para resolver conflictos antes de que escalen. Se debe abandonar la noción de que el daño económico es una herramienta política aceptable. Reemplazar la lógica del bloqueo por la lógica del acuerdo; la cultura de la coerción por la cultura del diálogo; la amenaza, por la construcción de consensos.

Tal vez la verdadera independencia que Bolivia aún tiene pendiente, sea liberarse de esta antigua maldición que periódicamente la paraliza, porque ningún país puede aspirar al desarrollo mientras siga convencido de que la mejor manera de resolver sus problemas, consiste en bloquear su propio camino.

José Luis Bedregal es especialista en Gestión Pública