El Gobierno afirmó que la crisis que atraviesa el sistema judicial no se resolverá con una ampliación presupuestaria ni con medidas de presión, sino mediante una reforma estructural de la administración de justicia.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, respondió al ultimátum lanzado por las máximas autoridades del Órgano Judicial, que exigen una mayor asignación de recursos y advirtieron con iniciar un paro escalonado si sus demandas no son atendidas en un plazo de 20 días.
“El eje ordenador de la discusión cuando hablamos de la justicia debe ser la reforma de la justicia”, sostuvo Gálvez, al señalar que el aspecto presupuestario puede ser abordado, pero no debe convertirse en el tema central del debate.
La autoridad calificó de “inaudita” la posibilidad de una paralización de actividades en el sistema judicial y advirtió que una medida de esa naturaleza perjudicaría directamente a la población que busca acceder a la justicia.
Asimismo, remarcó que el Ejecutivo mantiene la disposición de dialogar con las autoridades judiciales, aunque insistió en que los recursos públicos deben destinarse a resolver los problemas estructurales del Estado y no únicamente a atender demandas económicas.
Gálvez también cuestionó que el Órgano Judicial recurra a mecanismos de presión similares a los utilizados por sectores sindicales y reiteró que el Gobierno espera recibir formalmente las propuestas de las autoridades judiciales para analizarlas dentro del marco del diálogo institucional.
