La propuesta para nacionalizar vehículos indocumentados continúa generando debate. Aunque inicialmente el Gobierno tomó distancia del proyecto, ahora expresó su respaldo condicionado a la iniciativa, mientras autoridades, legisladores y representantes de distintos sectores advierten que la medida podría incentivar la ilegalidad y afectar a la economía formal.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que el Ejecutivo ve con buenos ojos la propuesta presentada por el diputado de Libre, Reinaldo Seas, siempre que la regularización excluya a vehículos con denuncias de robo o vinculados a actividades ilícitas. Además, indicó que los propietarios deberán pagar los tributos omitidos y una multa como mecanismo para desincentivar el ingreso irregular de motorizados al país.
La iniciativa también contempla la posibilidad de regularizar más de 500.000 vehículos indocumentados que, según sus impulsores, circulan actualmente en Bolivia.
Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, José Pablo Velasco, rechazó categóricamente el proyecto y afirmó que legalizar estos vehículos significaría “premiar la informalidad” y fortalecer redes relacionadas con el contrabando, el robo de motorizados y otras actividades ilícitas. Asimismo, adelantó que la bancada de Libre no respaldará la propuesta en la Asamblea Legislativa.
Las críticas también fueron expresadas por la Cámara Automotriz Boliviana y dirigentes del transporte, quienes consideran que una eventual nacionalización afectaría al sector formal e incentivaría el ingreso de más vehículos de contrabando.
El proyecto aún deberá ser debatido en la Asamblea Legislativa, donde continúa generando posiciones encontradas entre quienes consideran que permitirá regularizar una realidad existente y quienes advierten que enviaría una señal de tolerancia frente a la ilegalidad.
