El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves, en su estación en grande, el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, una norma que busca garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información generada por las instituciones del Estado y fortalecer la transparencia en la gestión pública. El tratamiento del proyecto continuará en su fase de consideración en detalle en la próxima sesión ordinaria, una vez concluido el receso parlamentario.

El senador José Roca destacó que la iniciativa permitirá que los bolivianos accedan a la información pública de manera transparente y sin trabas, además de facilitar el conocimiento sobre la administración de los recursos estatales en el Gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías y otras entidades financiadas con recursos públicos.

El legislador sostuvo que actualmente existen numerosos recursos constitucionales mediante los cuales la ciudadanía solicita al Estado la entrega de información pública. Asimismo, señaló que Bolivia, junto con Venezuela y Cuba, es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una ley específica sobre acceso a la información.

Durante la sesión, una moción para aplazar el tratamiento del proyecto fue rechazada, por lo que el Senado decidió continuar el análisis de la norma en detalle después del receso legislativo, cuando se debatirá el contenido de cada uno de sus artículos.

El informe de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomendó la aprobación del proyecto e incorporó dos disposiciones para fortalecer su aplicación. La primera plantea la creación de un órgano garante externo, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, presupuesto propio y facultades sancionatorias. La segunda establece que el Órgano Ejecutivo implemente un sistema estandarizado de gestión y archivo documental en las entidades públicas para asegurar la operatividad de la futura ley.

La propuesta normativa tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, tanto de manera individual como colectiva, promoviendo la transparencia institucional. Además, establece su aplicación a entidades públicas, empresas estatales, universidades públicas y otras instancias con participación del Estado.

El proyecto también incorpora principios como la accesibilidad, la gratuidad, la presunción de publicidad, la transparencia, la no discriminación, la responsabilidad y la facilitación del acceso a la información pública.