El Gobierno aún no asumió una posición oficial sobre la posible nacionalización de vehículos indocumentados, aunque reconoce que se trata de un problema que requiere una solución. El debate cobró fuerza tras la presentación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y las declaraciones de varios ministros, quienes expresaron criterios distintos sobre la medida.

La discusión surgió luego de que el diputado de Alianza Libre, Reinaldo Seas, presentara una propuesta para regularizar los denominados «autos chutos», con el argumento de que la iniciativa permitiría generar ingresos para el Estado.

Durante la campaña para las elecciones generales de 2025, el entonces candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, propuso regularizar hasta medio millón de vehículos, reducir los aranceles de importación y devolver a sus países de origen aquellos motorizados con denuncias de robo.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, fue uno de los primeros miembros del gabinete en pronunciarse sobre el tema y señaló que la propuesta debe ser analizada antes de tomar una decisión.

«Todo es posible, hay que sentarse en mesas, analizar y, si es bueno para el país, hay que nacionalizar los autos chutos», afirmó.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, manifestó que el Gobierno podría respaldar una regularización, siempre que esta excluya los vehículos vinculados con actividades ilícitas.

Explicó que los propietarios deberían pagar los tributos omitidos y una multa como parte del proceso, además de garantizar que no se legalicen vehículos robados o con procesos penales pendientes.

«Lo lógico es que exista un proceso de regularización. Esta debería ser la última vez que se hace esto, porque no podemos seguir permitiendo el ingreso de vehículos indocumentados», sostuvo.

En contraste, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró que el tema todavía no fue tratado formalmente por el Gobierno y advirtió que una eventual legalización implica importantes riesgos.

Indicó que cualquier decisión debe evaluar aspectos como el impacto sobre la demanda de combustibles, los efectos económicos y el denominado «riesgo moral», es decir, la posibilidad de incentivar el ingreso de nuevos vehículos ilegales bajo la expectativa de futuras regularizaciones.

«Legalizar lo ilegal es un riesgo moral muy grande para el futuro», afirmó, aunque reconoció que la presencia de estos vehículos en el país constituye una realidad que debe ser abordada.

Lupo agregó que una eventual medida también debe considerar la situación de los vehículos robados y la coordinación con otros países, además de establecer mecanismos que impidan que Bolivia continúe siendo un destino para motorizados de origen irregular.

Consultado sobre su posición personal, señaló que no está a favor de legalizar bienes obtenidos al margen de la normativa, aunque insistió en que cualquier solución debe ser integral y evitar que el problema vuelva a repetirse.

La regularización de vehículos indocumentados no es un tema nuevo en Bolivia. Entre 1994 y 2005, los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga y Carlos Mesa impulsaron siete procesos de nacionalización que permitieron legalizar más de 140.000 motorizados.

Posteriormente, en 2011, durante el gobierno de Evo Morales, la Ley 133 posibilitó la regularización de más de 100.000 vehículos. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Automotor de Bolivia, actualmente existen alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados en el país.