El Grupo Gloria reconoció que su filial boliviana, Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), pagó 200.000 euros al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por servicios de asesoría relacionados con el reclamo por la expropiación de acciones de la empresa Fancesa. No obstante, negó que el objetivo haya sido influir en procesos judiciales en Bolivia.
La información fue presentada por la empresa ante la Superintendencia de Valores del Perú, luego de que surgieran versiones que señalan que Zapatero habría utilizado presuntas influencias durante el gobierno de Luis Arce para favorecer a Soboce en el litigio millonario que mantiene con la cementera chuquisaqueña.
Según el informe, Soboce contrató a Zapatero en 2024 para brindar «un servicio de asesoría de asuntos públicos en diversos aspectos comunicacionales e institucionales relacionados con su reclamo del pago de la expropiación de acciones».
El documento también confirma que el exmandatario español recibió un pago de 200.000 euros, monto que, según la compañía, fue cancelado «debidamente a través del sistema financiero».
Asimismo, el Grupo Gloria aseguró que las reuniones sostenidas entre Zapatero, representantes de la empresa y autoridades del Estado boliviano tuvieron como único propósito promover un acuerdo que permita concretar el pago por las acciones expropiadas.
«En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia», señala el informe, que además rechaza las versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre una supuesta injerencia en el proceso judicial.
La polémica surgió luego de que en España se conocieran denuncias sobre un presunto tráfico de influencias vinculado con la actuación de Zapatero en Bolivia.
En ese contexto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó recientemente el fallo que obliga a Soboce a pagar más de 700 millones a Fancesa por un proceso de competencia desleal.
Tras esa decisión, Soboce anunció que agotará todas las instancias legales para impugnar el fallo y reiteró que el Estado boliviano mantiene una deuda cercana a los 290 millones de dólares por la expropiación de sus acciones en Fancesa.
