La abogada Marlene Terán denunció que los supuestos afectados por la mazamorra en la zona Bajo Llojeta, específicamente en la urbanización Santa Cecilia, son en realidad avasalladores de terrenos pertenecientes a trabajadores de la Universidad Católica Boliviana (UCB). Según Terán, estos terrenos fueron adquiridos en 1997 para la construcción de la urbanización San Pablo, pero “siete hectáreas fueron invadidas” que formaron Santa Cecilia, la cual recibió apoyo de autoridades municipales. “Se acudió a la justicia para hacer prevalecer el derecho propietario de los verdaderos dueños”, explicó la abogada en una entrevista.

Además, Terán relató que hubo una reunión con personeros de la Alcaldía de La Paz donde se denunció la invasión de terrenos, pero la respuesta fue que solo se realizaría un seguimiento administrativo de la denuncia. En cuanto al apoyo recibido por los avasalladores, la abogada mencionó que el actual gobierno municipal aprobó un plan vial para consolidar Santa Cecilia, en lo que calificó como un favor político: “Se aprobó un plan de intervención vial por parte de la actual administración edilicia para consolidar la urbanización Santa Cecilia como compensación por el apoyo de los denunciados en la campaña electoral de Iván Arias en 2021”.

Terán también aclaró que la bóveda del río Pasajahuira, que colapsó durante la mazamorra de noviembre de 2024, fue financiada por los empleados de la UCB. “La bóveda fue construida con aportes de los verdaderos propietarios para mitigar los riesgos en la zona”, aseguró, refutando la versión oficial de que se trataba de una obra municipal. Frente a esta situación, Terán adelantó que se iniciará una tercera acción legal para proteger los derechos de los legítimos propietarios. “El avasallamiento de siete hectáreas en la zona cubierta ahora por el lodo es de conocimiento del concejal Sogliano, el recientemente alejado subalcalde del macrodistrito Sur, Vladimir Ávila y de personal cercano al alcalde Arias”, agregó.