El caso fue admitido el agosto y en septiembre se activó la investigación. Este viernes se conoció la imputación formal.

La imputación contra Rafael Ernesto Arce Mosquera, hijo del expresidente Luis Arce, no solo se sostiene en la declaración pública que hizo este viernes el fiscal general Roger Mariaca. El propio documento de 20 páginas, al que accedió EL DEBER, detalla paso a paso cómo —según la Fiscalía— se pudo generar un beneficio económico irregular mediante la modificación de un plan de uso de suelos en Santa Cruz para el predio denominado “Adán y Eva”.

La resolución de imputación formal, firmada por el fiscal Aldo D. Meza López, expone que Arce Mosquera adquirió la propiedad de 2.187 hectáreas por un valor de Bs 3.055.485, pero que el potencial económico del terreno aumentó tras una rápida aprobación de una resolución de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), que modificó de manera sustancial el Plan de Ordenamiento Predial (POP).

Esa resolución —identificada como RD-ABT-DDSC-POP-5073-2021 (Modificación) y emitida el 29 de noviembre de 2021— fue firmada por el entonces director departamental de la ABT en Santa Cruz, Luis Roberto Flores Orellana, también imputado. Según el Ministerio Público, Flores actuó “a sabiendas” de que el acto administrativo no cumplía los requisitos técnicos ni los procedimientos de la normativa forestal, pero aun así dio luz verde a un cambio que favoreció directamente al hijo del mandatario.

Una aprobación acelerada

El documento fiscal subraya un punto clave: el 10 de noviembre de 2021, apenas 19 días antes de la resolución, una comisión técnica de la ABT inspeccionó el predio “Adán y Eva” y detectó usos no establecidos, desmontes y observaciones pendientes. Pese a ello, la modificación del POP se aprobó en un plazo que la Fiscalía considera inusualmente rápido, lo que para los investigadores constituye un indicio de coordinación y favorecimiento.

La nueva versión del POP amplió las categorías de uso del suelo permitidas y habilitó actividades productivas que no figuraban en la inspección original. “La modificación incrementó de manera significativa el potencial económico del predio, generando un beneficio directo para el investigado”, señala la imputación.

La tesis de la Fiscalía

El Ministerio Público formalizó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias, al considerar que Arce Mosquera obtuvo ventajas económicas gracias a la actuación irregular de un funcionario público.

La imputación sostiene que hubo cooperación previa entre Arce Mosquera y Flores Orellana, respaldada en un voluminoso conjunto de pruebas: más de 130 documentos, entre oficios, actas, comunicaciones internas, informes técnicos, registros administrativos y solicitudes de cooperación de distintas entidades.

En uno de los pasajes más contundentes, la Fiscalía cita jurisprudencia constitucional para afirmar que existen “indicios suficientes” de la existencia del hecho y de la participación de ambos imputados, elementos necesarios para activar la acción penal.

El rol de Flores Orellana: pieza clave en el caso

Según el documento, Flores Orellana —entonces director departamental de la ABT— habría utilizado sus influencias para viabilizar una resolución que contrariaba informes técnicos y que otorgó al predio una nueva clasificación productiva. La Fiscalía sostiene que su participación fue determinante para la aprobación del POP modificado.

El Ministerio Público califica la actuación del exdirector de un acto administrativo irregular, emitido con pleno conocimiento de sus efectos y orientado a beneficiar al hijo del Presidente.

La imputación fue anticipada públicamente por el fiscal general Roger Mariaca, quien aseguró que existían elementos suficientes para formalizar cargos.

Ahora, el documento fiscal —ya en manos del juez cautelar— deberá ser valorado para definir las medidas cautelares en una audiencia que aún no tiene fecha confirmada. El caso “Adán y Eva” se perfila como uno de los procesos más sensibles para el Gobierno y uno de los expedientes de mayor trascendencia para el Ministerio Público en esta etapa.

Ante los antecedentes y la imputación, el fiscal Mariaca solicitó seis meses de detención para Arce Mosqueira y el resto de los implicados en este caso.

///EL DEBER///