La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ordenó la suspensión de actividades mineras ilegales en 13 áreas de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde. La medida se tomó tras inspecciones que confirmaron la explotación sin derecho minero. Además, se formalizó una denuncia penal contra los responsables, la cual fue admitida por la Fiscalía de Cobija el 7 de febrero.

Las inspecciones, realizadas en octubre y noviembre de 2024 con la participación de la Armada Boliviana y personal de la AJAM, abarcaron los municipios de Filadelfia, Puerto Rico y El Sena en Pando. También se verificaron actividades en ríos de La Paz, Pando y Beni, en cumplimiento de una resolución judicial de 2023 que ordena frenar la minería ilegal en cuerpos de agua. La extracción ilegal ha generado preocupación en las comunidades locales por sus impactos ambientales.

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La AJAM reafirmó su compromiso con la lucha contra la minería ilegal y la protección de áreas protegidas, priorizando el desarrollo sostenible del país. Las acciones de control continuarán para garantizar el cumplimiento de la normativa y la preservación de los recursos naturales en Bolivia.