La ONG Cristosal informó este miércoles de la muerte de 261 personas, incluidos cuatro niños, que estaban detenidos y bajo protección del Estado salvadoreño durante el régimen excepcional vigente desde marzo de 2022 destinado a combatir las pandillas, informó que se registró.

Según el informe “El silencio no es una opción”, a través de una extensa investigación de campo y análisis de la información recopilada, Cristosal encontró que “261 adultos y adolescentes, y 4 niñas y niños murieron bajo la custodia estatal” que esto se hizo en el período del 27 de marzo de 2022 al 15 de abril de 2024.

El informe muestra que de los que murieron bajo custodia, 244 fueron hombres y 17 mujeres, y el número de casos recibidos por Cristosal sobre posibles abusos de poder y detención desde que entró en vigor el régimen de emergencia se basa en 3.642 denuncias. Se llevó a cabo una encuesta detallada sobre 1.178 personas detenidas.

También dijo que los análisis forenses determinaron que 88 muertes probablemente se debieron a la delincuencia, 87 a patología y 14 posibles muertes violentas. El informe decía que no había información suficiente para determinar la causa de la muerte de las 72 personas restantes.

“Han muerto en las cárceles y bartolinas salvadoreña por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, por la falta de alimentación, por insalubridad por la falta de atención inhumana y otras situaciones, pero es que existe una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad”, afirmó la abogada Zaira Navas, quien dirigió la investigación.

Navas aseguró que “la diferencia de este informe es que recoge pruebas de torturas, de las muertes, del abuso de autoridad, de las víctimas silenciosas”.

Cristosal afirma también que ha certificado “casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, cometidos por custodios penitenciarios, como por otras mujeres reclusas”.

The Associated Press pidió un pronunciamiento a la Casa Presidencial y su respuesta fue que “no hay comentarios”.

Cristosal es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha realizado investigaciones con Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales. Fue fundada por obispos anglicanos en la posguerra civil de El Salvador e “inspirada en el enfoque de la iglesia en la justicia y los derechos humanos”. Tienen oficina en varios países de la región, en El Salvador la abrieron en 2001, y aseguran que su misión es “defender los derechos, humanos y promover la democracia y justicia en Centroamérica”.

El informe de Cristosal llega un día después de que el Parlamento aprobara una prórroga de 28 días del régimen de emergencia como parte de la estrategia de línea dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas mortales que se han arraigado desde hace tiempo en zonas residenciales y barrios populares de todo el país.

El estado de emergencia significa que se suspenden derechos básicos como la información sobre el motivo del arresto y el acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir en las comunicaciones sin orden judicial y la detención puede extenderse desde unas pocas horas hasta 15 días sin juicio.

Para fortalecer la lucha contra las pandillas, el Congreso también aprobó cambios al código penal que convierten la pertenencia a pandillas en un delito grave, punible con entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas podrían enfrentar hasta 60 años de prisión.

Según datos oficiales, las autoridades arrestaron a 81.110 presuntos miembros o asociados de pandillas durante el estado de emergencia, incluidos líderes clave de estos grupos criminales.

La mayoría de los detenidos siguen sin que los tribunales hayan dictado sentencia contra ellos. El gobierno admitió que tuvo que liberar a más de 7.000 prisioneros por falta de pruebas.

En 2015, El Salvador fue considerado uno de los países más violentos del mundo, registrando 6.656 asesinatos y 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, el país registró 214 asesinatos en 2023, incluidas 38 muertes de presuntos pandilleros. Si se sospecha un conflicto con la policía o el ejército. En lo que va de 2024, la policía ha registrado 75 asesinatos, incluida la muerte de tres presuntos pandilleros en enfrentamientos con la policía y el ejército.

El gobierno de Nayib Bukele ha defendido sus duras políticas a pesar de las dudas sobre presuntos abusos contra los derechos humanos. El Ministerio de Seguridad informó que el gobierno de Bukele no había cometido un asesinato en 655 días.

Fuente: Infobae (Con información de AP)