Por: Edwin Cacho Herrera
Pasó el Carnaval del Bicentenario y comienza la cuaresma en Bolivia y el mundo católico, con el grave estado de salud del papa Francisco como preocupación global. El paréntesis de alegría, baile y desenfreno permitido se está cerrando —falta el Corso de Corsos en Cochabamba — y se abre un tiempo de alta tensión en lo económico y social, además de la crispada disputa político-electoral. Los escenarios serán el occidente del territorio nacional y el universo virtual.
Ya lo decidieron y solo falta conocer cuándo partirán. Gremiales y empresarios, cívicos y productores, transportistas y exportadores… los sectores que componen las cadenas productivas, agrupados en el Comité Multisectorial, marcharán entre el municipio altiplánico de Patacamaya y la ciudad de La Paz para presionar en la mismísima sede de gobierno para que el Ejecutivo y Legislativo anulen la amenaza que supone la disposición confiscatoria del Presupuesto 2025.
Patacamaya-La Paz es el tramo favorito de Evo Morales para marchar. Lo utilizó en los últimos cuatro años, partiendo inclusive desde el municipio orureño de Caracollo, primero para apoyar a su delfín y luego para protestar contra el arcismo. Morales no marchará más, al menos en lo que resta del mandato de Luis Arce, debido a su confinamiento en el trópico cochabambino.
La ruta de las marchas será ocupada entonces por sectores que denuncian el intento socialista de atentar contra de la propiedad privada. Será la primera vez, en caso de concretarse, que marchen juntos representantes de las élites empresariales, cívicas y productivas del país, sobre todo del oriente, con dirigentes y bases gremialistas, transportistas de carga pesada y de otras organizaciones sindicales.
Potosí y Santa Cruz han incorporado la anulación de los contratos de extracción del litio y el cese del veto a las exportaciones en la agenda de lucha multisectorial.
El Gobierno tiene horas para desactivar lo que puede ser la acción de protesta más sonada y representativa en su contra, en medio de la crisis multidimensional que se inició hace exactamente dos años, cuando en 2023 se comunicó oficialmente la vigencia del “dólar exportador”, una cotización paralela que supuestamente iba a beneficiar a los exportadores, pero derivó en las crisis cambiaria, energética, alimentaria y demás.
Arce y sus ministros han firmado el año pasado al menos 27 acuerdos con empresarios privados en dos encuentros nacionales y han instalado gabinetes sectoriales (social, agropecuario, energético, de turismo); sin embargo, han sido verdaderos saludos a la bandera porque solo han servido para ganar tiempo, mientras los problemas estructurales se agravan, no se solucionan.
El poderoso Comité Cívico pro Santa Cruz y los sectores que lo conforman se reunirán este jueves 6 de marzo para definir medidas de presión por la falta de carburantes para la cosecha más importante del año. Su nuevo directorio está lito para volver a las calles y exigir a los gobernantes que hagan lo que no hicieron durante estos dos años.
Lo político también tendrá su cuota parte en el ambiente de alta tensión. El evismo ha decidido minar el camino de Lucho a la reelección presidencial. Lo último ha sido la acusación a Arce de enviar 50 millones de dólares a Gonzalo Sánchez de Lozada, tras su huida del país en octubre de 2003, cuando fungía como gerente en el BCB, entidad a la que ingresó, según los evistas, de la mano del contralor general de la época neoliberal, Antonio Sánchez de Lozada.
A fines de este mes el evismo realizará un congreso para refundar el denominado instrumento político, un evento destino a seguir saboteando el proyecto electoral del presidente-candidato que tiene la posibilidad de apretar el botón rojo y activar la captura, detención, encarcelamiento o extradición de su principal enemigo político.
Las cosas no andan mejor en las oposiciones. Los favoritos aprovecharán este mes para consolidar o afinar sus estrategias para seguir liderando las encuestas de preferencia electoral, mientras libran verdaderas batallas de descalificación en el Lado B, en el escenario de las redes sociales con videos que atacan, insultan, discriminan y provocan.
La guerra probablemente se intensificará, mientras el Órgano Electoral no cuente con la ley de convocatoria a elecciones generales del 17 de agosto y no asuma oficialmente su condición de juez colectivo —nacional y departamental— en asuntos electorales.
Manfred Reyes Villa tiene previsto dar el nombre de su acompañante de fórmula luego de una encuesta nacional. Samuel Doria Medina aparece en spots televisivos para apuntalar sus contenidos en redes sociales. Tuto Quiroga ha comenzado a mostrarse como expresión de las clases medias para atraer el apoyo de bolsones de electores opuestos al Gobierno y de las “clases medias emergentes”.
Se sabe que algunos precandidatos se bajarán de la carrera para apoyar a quienes ocupan los primeros lugares en la consideración del electorado. Esas declinaciones podrían ser utilizadas por unos y otros para denunciar traición a los postulados que expusieron para aparecer políticamente distintos y generacionalmente nuevos. La traición también ronda los cuarteles de las facciones oficialistas, más aún si Morales y Arce se quedan sin posibilidades de seguir adelante y deban dar paso a la candidatura de un tercero, el silencioso y astuto Andrónico Rodríguez.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
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