“La decisión de sancionar a medios informativos por publicar opiniones constituye un grave retroceso para el sistema democrático”, señaló la entidad.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestó su “profunda preocupación” por la intención del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de imponer sanciones económicas a periódicos y portales digitales por la difusión de columnas de opinión en fechas cercanas a las elecciones generales del 17 de agosto. Unos 30 medios serán sancionados, dijo el vocal Gustavo Ávila, que se encarga del área que impone las multas.
La entidad advirtió que estas medidas ponen en riesgo la libertad de prensa y contravienen la normativa nacional e internacional sobre el derecho a la información.
En una carta dirigida al presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, la ANP recordó que la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y los tratados internacionales en materia de derechos humanos rechazan cualquier forma de censura previa.
“La decisión de sancionar a medios informativos por publicar opiniones constituye un grave retroceso para el sistema democrático”, señaló la entidad.
El pronunciamiento surge luego de que la Sala Plena del TSE recibiera una recomendación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) para multar a Correo del Sur, El Diario y los portales Urgente.bo y Brújula Digital, bajo el argumento de haber difundido columnas de opinión entre el 15 y 17 de agosto y que se referían al proceso electoral.
También numerosas radioemisoras están bajo la misma situación por supuestamente no haber diferenciado «espacios de propaganda» de manera clara.
La ANP alertó que sancionar económicamente a los medios no solo vulnera derechos constitucionales, sino que además amenaza la viabilidad financiera de empresas periodísticas ya afectadas por la crisis del sector. “Se estaría castigando a medios que cumplen con su función de informar y ofrecer espacios de pluralidad”, enfatizó.
En la misiva, la organización que agrupa a los principales periódicos del país instó al TSE a dejar sin efecto estas sanciones y a garantizar un ambiente de libertad de expresión e independencia de los medios, pilares fundamentales de la democracia boliviana.
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