El presidente Luis Arce calificó las protestas que exigen la habilitación de Evo Morales como candidatos para las elecciones del 17 de agosto como una “batalla por la democracia”, y no una movilización social tradicional .
Esta declaración se da en un contexto de enfrentamientos crecientes en Cochabamba y Potosí derivados de bloqueos organizados por seguidores del expresidente.Contexto de las movilizaciones
Las protestas se originaron tras la inhabilitación de Morales por parte del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, que interpretaron que ya cumplió con los límites permitidos por la Constitución vigente .
Impactos sociales y económicosLos bloqueos han generado graves efectos: cortes de carreteras, escasez de combustible e inflación sostenida en torno al 15 %, nivel que no se registraba en tres décadas .
Según el Gobierno, las acciones son impulsadas por quienes buscan desestabilizar el proceso electoral .Respuesta oficial y militarizaciónEl Gobierno activó operaciones combinadas de Policía y Fuerzas Armadas para restaurar el tránsito en ejes críticos, especialmente entre La Paz y Cochabamba.
Arce subrayó que no renunciará y reiteró su rechazo a cualquier intento de usurpación del orden constitucional .
El Gobierno activó operaciones combinadas de Policía y Fuerzas Armadas para restaurar el tránsito en ejes críticos, especialmente entre La Paz y Cochabamba . Arce subrayó que no renunciará y reiteró su rechazo a cualquier intento de usurpación del orden constitucional.
Evo Morales ha denunciado una “criminalización de la protesta” y vaticinó que la intervención militar provocará una “rebelión” . Sus bases cocaleras respaldan los bloqueos como mecanismo de presión por su habilitación como candidato, pese a estar vetado por decisiones judiciales .
La tensión entre Arce y Morales agudiza la división dentro del MAS. Mientras Arce mantiene el control institucional, Morales moviliza a sus seguidores desde el Chapare . Esto ocurre en paralelo a la exclusión de Morales y del senador Andrónico Rodríguez del proceso electoral, decisiones que han sido calificadas como un riesgo para la institucionalidad .
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