El presidente Luis Arce promulgó este viernes la Ley 1633 que aprueba el crédito de $us 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para atender emergencias por desastres naturales y de salud pública.
Publicada este viernes por la Gaceta Oficial del Estado, la norma fue sancionada por la Cámara de Senadores el miércoles 18 de junio, luego de cerca de cinco meses de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados (23 de enero).
“De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo N° BO-O0010 para el ‘Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública’, suscrito el 17 de septiembre de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 250.000.000,00”, refiere el artículo único de la Ley.
El parágrafo segundo refiere que se “autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas” en la ejecución de este contrato de préstamo.
El contrato de crédito fue firmado el 27 de septiembre de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, para la atención de emergencias por desastres naturales y de salud pública.
La aprobación del crédito fue solicitada por el Ejecutivo para atender distintos efectos climáticos desde noviembre de 2024. Su viabilización fue resultado del compromiso político-institucional asumido en el IV Encuentro Multipartidario Por la Democracia del 12 de junio, a convocatoria del Tribunal Supremo de Electoral (TSE).
Según reportes oficiales, desde noviembre de 2024 hasta mediados de mayo de este año, seis departamentos fueron afectados por heladas y granizadas: Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. De estos, Oruro se declaró en desastre departamental y Potosí en emergencia departamental.
El contrato de préstamo refiere que los fondos deben destinarse a fortalecer la capacidad del país para desplegar una respuesta rápida y efectiva ante el impacto de eventos extremos, incluyendo actividades de asistencia humanitaria, la reconexión de servicios públicos y la rehabilitación temprana de infraestructura crítica, entre otras medidas de respuesta inmediata.
Con la aprobación, ahora quedan 15 proyectos de préstamos por más de $us 1.590 millones que están paralizados desde hace más de dos años en la Asamblea Legislativa.
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