La nueva ley modifica 200 artículos y genera preocupación entre trabajadores por la pérdida de derechos, menor estabilidad y mayor poder de los empleadores
El gobierno del presidente argentino Javier Milei impulsa una reforma laboral profunda que modifica cerca de 200 artículos de la legislación vigente, afectando directamente las condiciones laborales, la estabilidad en el empleo y los derechos históricos de los trabajadores.
Uno de los cambios más preocupantes es la reducción de las indemnizaciones por despido, que ahora se calcularán únicamente sobre el sueldo básico, excluyendo beneficios como aguinaldos, bonos y otros ingresos adicionales. Además, el pago podrá realizarse en cuotas, lo que reduce la protección económica inmediata para el trabajador despedido y facilita la desvinculación laboral.
La reforma también amplía la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, siempre que no se superen las 48 horas semanales, lo que en la práctica permite jornadas más largas y mayor desgaste físico y mental. A esto se suma que el pago de horas extras deja de ser obligatorio, pudiendo ser reemplazado por días de descanso, lo que reduce los ingresos de miles de trabajadores que dependen de ese pago adicional.
Otro punto crítico es la limitación del derecho a huelga, ya que la nueva normativa obliga a mantener hasta el 75% de las actividades en funcionamiento en sectores considerados esenciales, como transporte, salud, educación y energía. Esta medida reduce la capacidad de protesta de los trabajadores y debilita su principal herramienta para exigir mejores condiciones laborales.
La reforma se aplica en un contexto donde el mercado laboral ya muestra una fuerte precarización. Actualmente, más de 10 millones de trabajadores se encuentran en la informalidad o sin derechos laborales completos, mientras que el empleo formal no ha crecido de forma significativa en más de una década. Además, desde 2023 se han perdido cerca de 300.000 empleos formales, obligando a miles de personas a buscar ingresos en condiciones precarias.
El Gobierno sostiene que la reforma permitirá generar más empleo y facilitar la contratación. Sin embargo, trabajadores y especialistas advierten que la medida reduce derechos laborales, aumenta la inseguridad en el empleo y fortalece el poder de los empleadores, debilitando la protección de quienes dependen de su trabajo para sostener a sus familias.
