Por José Luis Bedregal Vargas
Bolivia volvió a vivir días de desconfianza ciudadana en medio de la crisis de combustible que golpea a transportistas, productores y consumidores. El país enfrenta una tormenta institucional, donde los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se aferran a sus cargos pese a haber concluido la legalidad de su mandato. La Asamblea Legislativa por su parte, es el escenario de amenazas de suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), justo cuando el proceso electoral está en su recta final.
Mientras los “autoprorrogados” del TCP tratan de justificar su ilegal accionar, alegando la falta de elecciones judiciales (que ellos mismos evitaron), gran parte de la sociedad percibe su permanencia como una señal más de la degradación del sistema judicial. Lejos de resolver la crisis, su presencia prolongada en el poder judicial, la profundiza y reafirma el criterio de que la justicia boliviana, responde a intereses políticos y de otra índole, antes que al mandato constitucional.
La preocupación de la ciudadanía se incrementó cuando en la Asamblea Legislativa, se anunció la intención de suspender a los vocales del TSE, por supuesta desconfianza y bajo acusaciones infundadas de fraude, pretendiendo abrir la puerta a otra irregular prorroga de autoridades del ejecutivo y de la Asamblea. Sin embargo, la medida generó rechazo, incluso entre sectores oficialistas, que ven en este despropósito una acción desestabilizadora. Está claro que, sin un árbitro electoral, Bolivia corre el riesgo de entrar en una peligrosa deriva política que desencadenaría convulsión en las calles.
En medio de este clima, el presidente Luis Arce volvió a recurrir a un viejo recurso: la denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado. Sus declaraciones, lejos de tranquilizar, han generado malestar. El discurso del miedo, útil para cohesionar a su menguada base política, parece destinado a distraer la atención de los problemas reales, es decir, el desabastecimiento de combustible, la falta de dólares, la inflación contenida a la fuerza y una economía que da señales claras de agotamiento.
El panorama se agrava con un escenario electoral extremadamente polarizado, pues a pocas horas del debate presidencial, los candidatos se lanzan acusaciones e insultos, no explican las medidas que tomarán para sacar al país de la crisis. Lo que debería ser un intercambio de ideas sobre el futuro de Bolivia, se ha convertido en un espectáculo de descalificaciones.
En medio de ese ruido político, sorprendió el apoyo del ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga a los autoprorrogados del TCP, los mismos a quienes había acusado de ilegales y serviles al poder. Su cambio de posición no solo desconcierta, sino que alimenta el escepticismo sobre la coherencia y los verdaderos intereses detrás de las declaraciones políticas.
Bolivia parece atrapada en un círculo vicioso, donde la desconfianza, la crisis económica y la disputa por el control del poder se retroalimentan. Las instituciones están debilitadas, los líderes se contradicen y la ciudadanía observa, cansada, cómo la política se aleja cada vez más de los problemas reales de la gente.
En este contexto, el país necesita menos confrontación y más responsabilidad. Recuperar la credibilidad del sistema judicial y garantizar elecciones limpias, son condiciones básicas para frenar la crisis. Si los actores políticos no están a la altura del momento, la historia de confrontaciones violentas y descalabro económico, podría repetirse en un país dividido, un pueblo desencantado y un futuro incierto que se desvanece entre contradicciones y discursos vacíos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera
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