El domingo 15 de diciembre, aproximadamente siete millones de bolivianos participaron en las elecciones judiciales para elegir a las autoridades correspondientes. Una vez finalizado el conteo oficial de los votos, se dio a conocer a los magistrados electos para el Tribunal Agroambiental.

Los magistrados del Tribunal Agroambiental son la máxima autoridad en la administración de justicia en áreas como la agricultura, la ganadería, los recursos forestales, el medio ambiente, las aguas y la biodiversidad. Entre sus facultades se incluye la capacidad de anular sentencias judiciales que no cumplan con los procedimientos adecuados o que presenten una interpretación o aplicación errónea de la ley.

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Rocío Vásquez Noza
Tiene una Maestría en Derechos Indígenas y Desarrollo Sostenible y está doctorando en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres, también está especializada en la resolución de conflictos agrarios y ambientales.

Roxana Chávez Rodas
Posee una Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, y está especializada en Derecho Agroambiental y Derecho Administrativo, áreas que le permitirán abordar cuestiones jurídicas relacionadas con la gestión y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Víctor Hugo Claure Hinojoza
Se destaca por su experiencia en procesos agrarios y saneamiento de tierras, y tiene un enfoque especializado en intervenciones transdisciplinarias en niñez y adolescencia en situación de riesgo, lo que le aporta un enfoque integral en los conflictos agrarios.

Richard Cristhian Méndez Rosales
Está especializado en gestión ambiental, derecho bancario, derecho procesal, notarial y tributario, lo que le permitirá abordar de manera integral los conflictos legales relacionados con los recursos naturales y la normativa ambiental.

María Soledad Peñafiel Bravo
Tiene una Maestría en Derecho Procesal Civil y Derecho Agroambiental, y está especializada en auditoría jurídica y derechos humanos, lo que le otorga una base sólida para tratar casos relacionados con el derecho ambiental y la protección de los derechos de las comunidades afectadas por conflictos agrarios.