El festival estudiantil del colegio Juan Misael Saracho en Oruro, que terminó con la muerte de una universitaria y una adolescente en terapia intensiva, sigue generando controversia. Pese a que el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, sostuvo que el evento no tenía autorización y que se incumplieron protocolos de seguridad, circuló un documento que demuestra que la Alcaldía de Oruro habría otorgado un permiso para la actividad.
La autorización, fechada el 19 de septiembre, establecía condiciones específicas como la prohibición de bebidas alcohólicas y un horario de 17:00 a 22:30. Además, incluía el pago de una patente eventual por la “Fiesta bailable” en los predios del establecimiento. La existencia de este documento pone bajo la lupa a las instancias municipales, que ahora deberán aclarar su responsabilidad en la organización del evento.
La Fiscalía de Oruro investiga el caso y ya imputó al vocalista del grupo musical y a la directora del colegio por homicidio culposo y lesiones. En paralelo, se indaga cómo fue posible que un festival en un colegio, con miles de estudiantes y padres presentes, recibiera autorización sin que se garantizara la seguridad mínima, generando un escenario de riesgo que derivó en tragedia.
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