Desde el sector privado señalan que estos ilícitos frenan la competitividad del aparato productivo, así como también un descuido por parte de las autoridades llamadas por ley a hacer frente a estas situaciones
El aparato productivo nacional enfrenta dos amenazas persistentes: el avance de los avasallamientos en zonas agrícolas y el impacto corrosivo del contrabando, según advierten desde el sector privado, desde donde también señalan que estas problemáticas están debilitando la competitividad, la seguridad jurídica y la capacidad del país para garantizar su soberanía alimentaria, mientras las instituciones del Estado permanecen omisas o ineficaces.
Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en lo que va del año, se han registrado 163 nuevos casos de avasallamientos, una cifra alarmante que eleva el total acumulado a casi 500 predios tomados en los últimos años.
“El Gobierno es de oídos sordos y cierra los ojos”, denunció Klaus Frerking, presidente de la entidad productiva, exigiendo al Estado que garantice el derecho propietario y la seguridad jurídica en el campo.
Uno de los casos más graves ocurrió en la hacienda Santa Rita, en la provincia Guarayos, donde encapuchados armados atacaron a tiros a trabajadores e hirieron a al menos uno, reflejando la violencia con la que operan estos grupos. El agro considera que se trata de organizaciones estructuradas y protegidas.
Para el asesor de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, lo que ocurre en Santa Rita y otras zonas no es un hecho aislado ni espontáneo, sino que está relacionado a una estrategia de control territorial.
“El primer objetivo es quitar tierras a productores y empresarios. El segundo, permitir asentamientos que no son ni originarios ni productivos”, señaló Asturizaga y también denunció que se utiliza la supuesta ubicación de predios dentro de la reserva forestal Guarayos como pretexto legal para justificar los despojos., asegurando que esta ambigüedad normativa favorece los intereses políticos detrás de los avasallamientos.
Lo más preocupante, según el asesor, es que en las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno participaron avasalladores con mandamientos de aprehensión, sin que fueran detenidos.
Desde la CAO y Anapo temen que esta inacción derive en un conflicto de carácter internacional, debido a la presencia de observadores extranjeros en reuniones oficiales donde se omitió aplicar la ley. “Si no hay castigo, esto va a continuar. Ya lograron expandirse sobre 1,4 millones de hectáreas en Santa Cruz sin aumentar la producción”, advirtió Asturizaga.
El golpe del contrabando
La presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, lamentó que las autoridades no hayan dado importancia al empresario nacional ni a la protección de la industria local frente al ingreso y salida de productos de manera ilegal, en referencia al contrabando.
“El contrabando no es nuevo, pero no ha sido enfrentado como se debe. Hay fronteras sin control y eso afecta la competitividad”, afirmó Pacheco, señalando que la falta de presencia efectiva de la Aduana y del Ejército en rutas clave permite el flujo constante de mercancía extranjera que compite en condiciones desleales.
Por su parte, el gerente general de la CAO, Edilberto Osinaga, recordó que esta situación amenaza directamente la seguridad alimentaria, resaltando que la necesidad de mayor control no está en decomisar aceite a una señora, sino en frenar las mafias en frontera. “Todas las intervenciones han fallado, generan miedo y paralizan la comercialización”, denunció.
Según Osinaga, el desorden económico actual, con escasez de dólares y precios elevados en países vecinos, agrava el problema, ya que afuera se paga con la divisa estadounidense “y eso no se soluciona interviniendo ingenios ni criminalizando al productor”.
Pese a que el el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando asegura haber afectado al contrabando en más de Bs 63 millones solo en el primer semestre del año, desde el sector privado aseguran que los resultados reales en campo son mínimos.
“Las cifras no reflejan la realidad. El mercado sigue desabastecido y los productos siguen saliendo por contrabando”, señalan desde la CAO, desde donde exigen medidas estructurales, voluntad política y el respeto al Estado de derecho.
“El daño no es individual, es al país entero”, resumió Asturizaga. Lo que está en juego no solo es la tierra o los productos, sino la institucionalidad, el desarrollo y el futuro económico de Bolivia. y la preocupación crece ante la falta de señales claras por parte del Gobierno nacional.
///UNITEL///
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