En el primer trimestre de 2025, Bolivia registró 201 conflictos sociales, lo que representa un incremento del 100% respecto al mismo periodo de 2024, según datos presentados por la Defensoría del Pueblo. La mayoría de estos conflictos —un total de 82, equivalente al 42%— fueron motivados por causas económicas, como la inflación, la falta de dólares y los problemas en el suministro de combustibles. El defensor Pedro Callisaya advirtió que esta tendencia al alza refleja demandas no atendidas a tiempo por las autoridades: “Las protestas, marchas y acciones de hecho suelen ser emergentes de demandas no atendidas adecuadamente”.

Los departamentos más afectados por estos conflictos fueron La Paz con 74 casos, Santa Cruz con 44 y Potosí con 25, mientras que las otras seis regiones del país registraron entre 6 y 13 casos cada una. Además, los motivos de los conflictos también incluyeron problemas de infraestructura (22), salud (21), educación (18), derecho al trabajo (18), derechos políticos (14) y medioambiente (11). El informe también destaca las medidas de presión más comunes, entre las cuales se encuentran las declaratorias de emergencia (51), bloqueos (43) y marchas (36), así como tomas de instalaciones, paros, enfrentamientos y huelgas.

El contexto económico ha sido clave para entender este aumento en la conflictividad. La inflación acumulada a marzo alcanzó el 5%, y en 2024 cerró en 9,97%, la más alta desde 2008. Además, persiste la escasez de dólares iniciada en 2023, junto a la reducción de las reservas internacionales netas y la provisión irregular de combustibles. Estos factores han generado un escenario tenso que se refleja en protestas por el alza de precios de alimentos básicos como el pollo, la carne, el arroz y el aceite comestible.