Bolivia ha sido clasificada en el puesto 131 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2023, un estudio anual realizado por el World Justice Proyect (WJP) o Proyecto de Justicia Mundial. Este índice evaluó ocho criterios del sistema judicial: restricción al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, y justicia civil y penal. Específicamente, en el ámbito de la justicia penal, Bolivia se encuentra en una posición aún más desfavorable, ocupando el penúltimo lugar.

Franco Albarracín, abogado y experto en derechos humanos, destacó que esta clasificación refleja la falta de independencia judicial en Bolivia y la crisis estructural que enfrenta el sistema. Según Albarracín, «Bolivia ha estado en el penúltimo lugar en el mundo en relación con la justicia criminal durante varios años, lo que implica a entidades como el Ministerio Público, jueces y fiscales. Esta situación es una señal de alerta para las autoridades judiciales y ejecutivas del país».