La entrada en vigor del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, a través de la Ley 1613, ha generado una ola de rechazo por parte del sector productivo y gremial, especialmente debido a la disposición adicional séptima, que establece medidas de control, fiscalización y decomiso de productos. Esta disposición permite a las entidades competentes intervenir en las unidades productivas de alimentos que almacenen, retengan o pretendan encarecer precios, lo que ha sido considerado una amenaza para el funcionamiento normal del sector privado.

José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), manifestó que esta medida genera incertidumbre y especulación en el sector productivo, lo que podría desincentivar la inversión y dificultar la reactivación de la producción de alimentos. La disposición, que obliga a los actores de la cadena productiva de alimentos a declarar información sobre su producción y comercialización, también ha sido vista como un ataque a la autonomía de las unidades productivas.

Los gremiales del país también han expresado su rechazo a la normativa, y se ha anunciado un ampliado nacional para el 8 de enero, en el que se definirán las acciones a seguir, que incluyen posibles movilizaciones. Edgar Álvarez, ejecutivo de los gremiales cruceños, explicó que el sector ya ha manifestado su preocupación sobre cómo esta disposición podría afectar su actividad comercial. Además, en la ciudad de El Alto, los gremiales planean movilizarse el 13 de enero en protesta contra la medida.