Por: Andrés Gómez Vela

Comenzaba el 2024 y Carmen Rivero Suguiura recibía una mala noticia. No se explicaba el por qué. Desde hace cinco años, entre noviembre y diciembre, alistaba sus certificaciones de que nunca atentó contra la “sagrada” autonomía, que no tenía deudas económicas con la UMSA y que sus títulos académicos estaban en orden. Foliaba su producción intelectual, documentos de su trayectoria profesional y los entregaba a la Carrera de Comunicación para postular a la convocatoria concurso de méritos docentes interinos. Al cabo de unos días, veía que se había adjudicado una o dos materias. Este año, no había obtenido ni una.

No sabía qué pasó. Dados sus méritos académicos, cada año lograba entre 38 a 39 puntos sobre 40. Un buen puntaje. Pero esta vez, la Comisión de Méritos, integrada por los docentes Jaime Iturri y Víctor Oporto y dos estudiantes le habían otorgado apenas 33.5 Inexplicable. ¿Cómo bajó tanto si presentó los mismos documentos y el sistema de evaluación era el mismo: títulos, experiencia laboral y producción intelectual?

El 23 de enero de 2024, pidió audiencia. La Comisión no respondió. Entonces, apeló e impugnó ante el Honorable Consejo Facultativo (HCF) para solicitar la revisión de sus documentos y de las docentes que “aparecieron” con más puntaje. Tampoco recibió respuesta. A Carmen le pareció ilógico. ¿Por qué ocultar esa información si postulaban a un cargo público en una universidad pública sustentada con dinero público? Escribió a la Vicerrectora de entonces en busca de justicia. Nada. El silencio comunica opacidad.

Entonces, recordó un mensaje que circuló días antes en WhatsApp entre un grupo de docentes. El mensaje decía más o menos así: ¡Veto a los “pititas” y trotskos que impugnaron. ¡Hay que sacarlos de la Carrera!

Ella y otros docentes habían impugnado en marzo de 2023 la convocatoria N° 02/2022 a concurso de méritos y examen de competencia para docentes contratados Gestión 2023 de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Impugnaron porque las comisiones conformadas amañaron las evaluaciones para fabricar “perdedores” que no son de la camarilla. Sin esa maniobra corrupta, Carmen hubiese ganado la materia de Periodismo. Le robaron la titularidad.

Ese rato, entendió que sufría una venganza porque dijo la verdad. Comprendió que la comisión encabezada por el propietario de ATB tenía la consigna de echarla de la Carrera.

En 2023, el Consejo Académico de la Universidad (CAU) se puso del lado de la transparencia y la legalidad, y recomendó el 9 de mayo de 2023 la anulación de la convocatoria 02/2022 porque las comisiones de evaluación de méritos y de exámenes de competencia habían sido conformadas a dedo por el director de la Carrera de Comunicación de aquel entonces para predeterminar “ganadores” y “perdedores”.

El día que el CAU hizo justicia pasajera, Carmen respiró paz. No imaginó que las camarillas pelean por un rato, luego se unen en torno a objetivos políticos o de sobrevivencia.

Dicho y hecho. Meses después, la misma persona que había encabezado la recomendación de la anulación de aquel proceso por graves vicios de nulidad borraba esos vicios de nulidad desde un cargo más jerárquico (http://surl.li/rjwsmb)

Las esperanzas de Carmen se derrumbaron. Hasta que un día encontró un breve resquicio en un interinato en la dirección de la carrera de Comunicación Social. Solicitó ver documentos para verificar si las personas que aparecieron con más puntaje en las materias a las que postuló merecían esa evaluación. ¡Sorpresa! Descubrió que dos habían presentado como producción intelectual libros falsos. Cruzó información con oficinas públicas. Éstas le dijeron que esos “libros” no figuran en sus registros de autoría.

Paralelamente, el docente Federico Zelada descubrió que otro postulante afín a la camarilla había sido sobrecalificado por la comisión evaluadora con un título de maestría que no tenía. El mismo modus operandi: bajar puntos a los “enemigos” y subir a los suyos por títulos no obtenidos, por libros no escritos o por cualquier cosa para hacerlos “ganar”. El escándalo estalló en octubre pasado. La camarilla armó una asamblea para vetar de la UMSA a Carmen, a Federico y a otros por decir la verdad.

El caso de falsificación de documentos llegó a la oficina de Transparencia de la UMSA. El jefe de esa instancia, Franz Laura Berrios, tuvo que admitir la denuncia porque las pruebas son contundentes. Remitió el caso al Ministerio Público (http://surl.li/mhgaya) que designó al fiscal Yuri Jesús Gómez Pérez y al policía Jesús Quicaña Patiño para investigar la corrupción. El caso de los libros falsos también llegó a Transparencia. Carmen informó que esta oficina lo remitió a Auditoria Interna de la UMSA. ¿Avanzará? Dudo.

Carmen triunfó en el tribunal de la opinión pública, pero no entre las autoridades de la UMSA. Algunas de éstas no pasan de la retórica anticorrupción, cuidan vínculos y votos. Hay nuevo director de Carrera de Comunicación. ¿Habrá Transparencia? Mmmm, veremos.

La filósofa alemana Hannah Arendt escribió, en su libro “La banalidad del mal”, que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar al menos por un minuto sobre sus actos. No les preocupa las consecuencias de sus actos, solo el cumplimiento de las órdenes o consignas. En una camarilla, no hay uno que diga: Un momento, estamos procediendo mal, corrijamos. Aquel que se atreva es sancionado con la expulsión y la exclusión de todo beneficio. Reina la espiral del silencio.

La camarilla quiere que las cosas se arreglen al interior de la UMSA, su territorio de control. Ahí funciona el compadrerío, la consigna de “apóyame hoy, yo te apoyo mañana (en otra irregularidad o en una elección)”. La camarilla considera que difundir sus ilegalidades fuera de “la caverna UMSA” es una acción antiautonomista.

Carmen vivió en carne propia la maldad de las camarillas.

Andrés Gómez es periodista y abogado.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera