“Santa Cruz desconoce su autoridad y no se sentará en ninguna mesa donde ella pretenda representar al Gobierno”, señaló el Comité cívico tras los dichos de Andrea Barrientos sobre la distribución de recursos para las regiones

El Comité pro Santa Cruz declaró persona no grata a la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y exigió su destitución inmediata o renuncia, tras considerar que sus declaraciones sobre la distribución del 50/50 confirman un modelo centralista que atenta contra el proceso autonómico. 

“Santa Cruz desconoce su autoridad y no se sentará en ninguna mesa donde ella pretenda representar al Gobierno nacional”, advirtió la institución en un pronunciamiento que se dio tras una reunión de directorio a la cabeza del presidente Stello Cochamanidis. 

La reacción surge luego de que Barrientos, en declaraciones a un medio cruceño, se refiriera al sistema de distribución de recursos 50 – 50 contemplado por el Gobierno nacional, el cual apunta a dejar 50% de recursos al nivel central y otro 50% para las regiones.
“¿Qué piensan, que vamos a agarrar y darles el 50% de la plata a su cargo? No funciona así, señores”, señaló, generando rechazo en diferentes sectores. Un día después, la autoridad difundió un video en redes sociales en el que pidió disculpas y dijo haber cometido un error.
Para el Comité pro Santa Cruz, las declaraciones de Barrientos no son un hecho aislado, sino “la confirmación oficial de un modelo centralista agotado”, resaltando que la autonomía fue conquistada tras luchas históricas y que no retrocederán en ese mandato. 

“Señora Barrientos: los recursos no son del Gobierno, son de quienes los producen. Santa Cruz no necesita ‘permiso’ ni ‘instrucciones’ ‘ni el dedazo de nadie’, para gestionar lo que por derecho le corresponde”, señala el documento.
El Comité también demandó el cierre definitivo del Viceministerio de Autonomías, al que acusa de no haber logrado avances reales en competencias o recursos para las regiones y de haberse convertido en una instancia de control político y gasto innecesario. 

Además, planteó la creación de un ‘delegado presidencial autonómico’ en cada departamento para viabilizar el 50-50 y liberar las autonomías, así como la “liberación de las competencias autonómicas” y la revisión de leyes y decretos que, según el pronunciamiento, restringen el desarrollo regional.
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