Fátima Jordán denunció la grave situación médica que enfrenta su esposo en la cárcel, asegurando que la falta de atención pone en riesgo su vida.

En una firme declaración institucional, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció este martes que la entidad cívica exigirá una auditoría integral a todos los procesos judiciales iniciados contra el gobernador Luis Fernando Camacho, a quien calificó como víctima de una “persecución política sistemática” por parte del actual Gobierno nacional.

La conferencia de prensa tuvo lugar en la sede del Comité, donde estuvo presente la familia del gobernador —su esposa Fátima Jordán y su padre, el exlíder cívico José Luis Camacho Parada— además del equipo jurídico que lo representa. Cochamanidis calificó la detención que cumple el gobernador en la cárcel de Chonchocoro como un “secuestro violento” y afirmó que se están tomando acciones para exigir justicia a escala nacional como internacional.

“Este Gobierno tiene los días contados. La democracia ha puesto fecha: el 17 de agosto el pueblo decidirá su destino”, sostuvo el presidente cívico.Además, Cochamanidis denunció que los procesos judiciales contra Camacho, el exlíder cívico Rómulo Calvo y otros actores regionales responden a una lógica de represalia política por haber liderado movilizaciones democráticas y decisiones emanadas del cabildo ciudadano.

“Se los está procesando por pensar diferente, por defender la democracia y la libertad”, sentenció.El Comité Pro Santa Cruz anunció que trabajará junto a asesores legales para presentar solicitudes formales de auditoría judicial ante las instancias correspondientes, señalando que tanto autoridades actuales como exfuncionarios del sistema judicial deberán asumir su responsabilidad.

Familia pide atención médica

Durante su intervención, Fátima Jordán denunció la grave situación médica que enfrenta su esposo, asegurando que la falta de atención pone en riesgo su vida. Señaló que Luis Fernando Camacho padece una enfermedad crónica que requiere controles médicos constantes, los cuales no se están cumpliendo desde su encarcelamiento.“Esto pone en riesgo su salud y su vida. La enfermedad que él sufre es crónica y necesita un control constante. Desde que fue secuestrado, no ha tenido la atención médica que requiere”, afirmó.Jordán duda que los medicamentos suministrados a su pareja sean suficientes para controlar su patología y aseguró que no se han realizado los controles especializados necesarios, lo que ha agravado su situación.

Defensa solicita modificación de medida cautelar

El equipo jurídico del gobernador también tomó la palabra para informar que se ha solicitado la modificación de la medida excepcional de detención preventiva, en base a una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que determinó que el arresto de Camacho viola principios del derecho internacional.

“El Estado boliviano aceptó la jurisdicción del grupo de trabajo de la ONU en este caso. La resolución es vinculante y debe ser cumplida por el tribunal de sentencia”, explicó la defensa.

Según los abogados, el tribunal se ha negado a actuar de oficio y fue necesaria una nueva presentación por la vía ordinaria.

La audiencia para considerar el cambio de medida cautelar está programada para el 2 de mayo, con la resolución de Naciones Unidas como principal respaldo.

En cuanto a los procesos legales, Camacho enfrenta siete causas abiertas, de las cuales cuatro ya se encuentran en etapa de juicio, aunque algunas ni siquiera han podido iniciar por falta de cumplimiento de órdenes de traslado.

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