La alerta roja que decretó la alcaldesa Ana Lucía Reis para enfrentar el desborde del arroyo Bahía, el pasado 5 de febrero, fue el grito desgarrador de una ciudad que colapsa y es sacrificada pagando injustamente los costos de la crisis estatal que hunde al país en la debacle general. Cobija es un dramático problema nacional.

En las vísperas de conmemorar 119 años de su creación, la única ciudad del Acre boliviano —y la capital más joven entre los nueve departamentos— viene atravesando los umbrales de una crisis humanitaria sin precedentes en su historia.

Como una voz solitaria pero persistente, por enésima vez en tres años consecutivos, la Alcaldesa acreana ha pedido este viernes al Poder Legislativo la aprobación de créditos externos postergados que estaban destinados a cubrir necesidades emergentes de desastres naturales como las inundaciones que devastan anualmente a esta zona fronteriza, en temporadas de lluvias que se intensifican entre febrero y marzo o incendios forestales como los que asfixiaron a la ciudad en septiembre del año pasado.

Según informó la alcaldesa Reis a Sol de Pando, el erario municipal dispone apenas poco más de medio millón de bolivianos para atender las emergencias de la alerta roja por el desborde reciente del arroyo Bahía, y al mismo tiempo solventar pago de sueldos y gastos operativos cotidianos de la gestión, incluyendo desayuno escolar y servicios de salud.

“Tenemos un disponible en caja de nada más 600.000 bolivianos, nuestras cuentas están bajo cero. Tenemos los ingresos mermados porque nuestro presupuesto de los últimos años se ha destinado a pagar deudas devengadas desde otras gestiones y la caída del IDH ha agravado el déficit”, explicó Reis.

ASENTAMIENTOS ILEGALES, DEFORESTACIÓN Y DESASTRE HUMANITARIO

Luego de una lluvia persistente de más de siete horas, Cobija amaneció el pasado martes con tres populosos barrios totalmente inundados, debido a que el arroyo Bahía, una sub-cuenca tributaria del río Acre, se desbordó afectando a varios asentamientos ilegales en su ribera.

Este reservorio que provee agua potable a la capital es un área protegida bajo la Ley de Medio Ambiente; pero desde hace casi dos décadas, tras los hechos de Porvenir, ha sido invadida con urbanizaciones ilegales que han deteriorado el entorno boscoso que regula su bajo caudal. La deforestación causada por los crecientes asentamientos ilegales generó contaminación de las aguas destinadas al consumo potable, dañó los sistemas de tratamiento, además rompió el embalse natural y su cota de inundación que normalmente no pasa de los dos metros. La inundación del martes rebasó los cinco metros.

“Más de cien familias han sido damnificadas y hemos tenido que evacuar por lo menos a 30 de ellas al albergue de Las Petas, y nos hemos visto obligados a declarar alerta roja para asistirlos, destinando recursos de donde no tenemos”, informó la Alcaldesa después de una exhausta jornada.

El gasto municipal en alerta roja no sólo abarca la atención a los damnificados con hospedaje, vituallas, medicinas y alimentos, también implica complejas tareas de limpieza de escombros y descontaminación post-inundación, para lo cual se deben superar severos problemas logísticos. “Tenemos apenas una volqueta en funcionamiento y con el tanque lleno”, informa Ana Lucía Reis. 

Con colaboración del Ministerio de Obras Públicas y la Agencia Estatal de Vivienda, la Alcaldía de Cobija impulsa planes para relocalizar a los habitantes ilegalmente asentados en las riberas del rio Acre y del arroyo Bahía. De hecho, hace tres años Ana Lucía Reis logró una Ley promulgada el 20 de mayo de 2022 por el presidente Arce para ceder gratuitamente más de 33.000 metros cuadrados de un terreno municipal, dentro la urbanización Castañal, en favor de 105 familias damnificadas por las inundaciones.

Actualmente, la misma alcaldesa Reis ha gestionado la dotación de 300 terrenos para implementar planes de vivienda segura dentro una estrategia municipal para relocalizar a otros centenares de familias que ocupan ilegalmente las riberas deforestadas del Acre, especialmente en los barrios Evo Morales, Petrolero, Bahía, Catarata, Mapajo y Junín. El 10 de febrero, se cumple un plazo para apersonar documentación que acredite la condición de damnificados.

“Nuestro objetivo es liberar de asentamientos ilegales las orillas del río y del arroyo; reforestarlas y recuperar el equilibrio de las aguas para que las inundaciones no sean tan intensas y peligrosas como vienen siendo en los últimos años”, dice Reis. “Pero es una labor titánica y todo es cuesta arriba, porque nuestro municipio no tiene el presupuesto mínimo para avanzar con la eficiencia necesaria”, lamenta.

Gary von Boeck, Presidente de la Asociación de Municipios de Pando, advierte que el incidente del arroyo Bahía es una alerta sobre lo que podría suceder en próximos días con el río Acre, en caso de que las precipitaciones pluviales se intensifiquen como el pasado año. “En los últimos tres años el rio Acre se ha desbordado como nunca antes en más de medio siglo, debido a la deforestación causada por los asentamientos ilegales no sólo en Cobija sino en todo el departamento; no estoy seguro si este año podremos resistirlo dada la insolvencia de nuestros municipios”, prevé el munícipe pandino, Alcalde de Bella Flor.

En la inundación del pasado año, el río Acre rebasó los 16 metros sobre su cota de inundación, ligeramente menor al desastre de 2012, anegando incluso el centro urbano y damnificando a más de 300 familias en diez barrios ribereños de la ciudad y comunidades rurales del Distrito 5.

LA CRISIS DEL IDH QUE IMPACTA EN LA INSOLVENCIA MUNICIPAL

En la gestión 2023, el presupuesto global programado por el Tesoro General de la Nación para la Alcaldía de Cobija fue de Bs. 225’050.782, pero ingresaron Bs 174’564.929, es decir sólo el 77,57% de lo presupuestado; el recorte fue del 22,43%.  

En el presupuesto ejecutado ese año, se produjo un severo recorte de casi Bs 17’000.000 en la transferencia gubernamental del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), principal fuente de financiamiento estatal proveniente de la exportación de gas natural a Brasil y Argentina. Originalmente el IDH había sido presupuestado en Bs. 106’325.823, de los cuales fueron desembolsados apenas  89’534.875, es decir Bs 16.790.948 menos de lo programado, implicando un cercenamiento del 15,79% en dicho ingreso.  En el presupuesto de 2024, el recorte del IDH bordeó el 50% y para la presente gestión se estima un cercenamiento de casi el 70%.

El 80% de los ingresos del IDH se destinó al pago de deudas contraídas con entidades como el FNDR y Banco Unión, no pagadas por la gestión del alcalde Gatty Ribeiro, y que comenzaron a ser debitadas en la gestión de Ana Lucía Reis. El no pago de esa deuda implicó recargas por intereses y multas que han agravado este desangramiento presupuestario. Las deudas sumaron más de Bs 160 millones entre fideicomisos y créditos, incluyendo otros compromisos alcanzaron los Bs 240 millones.

“No tenemos recursos ni para pagar el sueldo de la Alcaldesa”, declaró la burgomaestre de esta ciudad, pocos días después de la inundación del río Acre en febrero del pasado año, mientras 80 mandamientos de aprehensión pendían sobre la libertad y la integridad de Ana Lucía Reis por arbitrarias demandas laborales conminándole al pago de impagables beneficios sociales.

Urge un pronunciamiento de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), de la cual Reis es Presidente, exigiendo que Cobija sea declarada zona de desastre nacional.  

////SOL DE PANDO////