Los representantes del sector agropecuario, del transporte, exportadores y de los gremiales se reunieron este martes en Santa Cruz y brindaron una conferencia de prensa, en la que manifestaron que con el acta firmada ayer no se solucionan los problemas de raíz.

“Esto es una foto más para el libro de los recuerdos del Gobierno (…) En este momento seguimos con la incertidumbre, seguimos con la emergencia de diésel y de gasolina y necesitamos reglas claras, necesitamos medidas transversales que solucionen el problema a cada uno de nosotros como bolivianos”, dijo el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking.

Según lo indicado el lunes por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, durante la reunión realizada en La Paz, el Gobierno y dicho comité acordaron avanzar en la simplificación de los trámites relacionados con la importación, comercialización y control de combustibles. El ministro detalló que los principales acuerdos incluyen medidas para optimizar la importación de diésel y gasolina, reducir los costos operativos y garantizar el cumplimiento de normativas internacionales.

Sin embargo, el Ejecutivo descartó sacar de la lista de “sustancias controladas” al diésel y la gasolina, debido a que se deben respetar los acuerdos internacionales sobre precursores para la fabricación de drogas.

Frerking indicó que en este momento el comité “está más unido que nunca” y ya se lanzó la convocatoria para el 2 de abril, en la Ciudad del Alto, donde se tendrá una reunión a nivel nacional, se seguirá analizando “todos los problemas que está dando el país”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, señaló que “lo de ayer fue un show más por parte del Gobierno” y que los tres ministros que se reunieron con tres abogados del comité y con un dirigente empresarial, lo hicieron “para hacerse la burla de una propuesta”, que proponía liberar a todos los surtidores de la burocracia para que importen su propio combustible y eliminar el diésel y la gasolina de sustancias controladas. 

“El Gobierno no quiere solucionar el problema de fondo que tiene Bolivia, que es la crisis estructural económica que la vemos en el caso del combustible, la vemos en la falta de dólares, la vemos con la restricción de exportaciones que hasta ahora no se levanta, teniendo grandes mercados esperando nuestros productos y con la gran necesidad que tenemos de dólares”, aseveró Barriga.

El ejecutivo de los trabajadores gremiales de Santa Cruz, Édgar Álvarez, manifestó que la intención del Ejecutivo es dilatar más la crisis al implementar más mesas de trabajo sin dar solución real al proyecto de decreto que ha sido presentado por parte del Comité Multisectorial.

“Nosotros seguimos en emergencia, seguimos movilizados, el ampliado sigue en pie el 2 de abril (…) la forma de darle solución a esta problemática del combustible era que se trate el proyecto de decreto que fue presentado, pero sin embargo se hizo la burla y lo único que hizo fue dilatarlo para para la foto y para hacer más larga la problemática”, apuntó el dirigente.

De su lado, Herland Melgar, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Santa Cruz, lamentó que, en contrapartida las autoridades salieron a amenazar, al referirse al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. 

“Han dicho que nos dan certeza y seguridad hasta el 31 de marzo (para el suministro de combustibles) ¿y después? ¿O sea, el 31 de marzo se acaba el mundo, se acaba Bolivia, qué se acaba?”, cuestionó Melgar al considerar que la propuesta de los sectores fue “de buena fe” para buscar una salida a la actual crisis.

El presidente de la Asociación de Avicultores (ADA), Omar Castro, aseguró que toda la logística para la producción “está quebrada” e interrumpe el ciclo productivo. “Lamentamos realmente que el gobierno no quiera dejar la ideología ni el dogma a un lado y pasar a medidas pragmáticas (…) De aquí en adelante no vamos a asistir más (a las reuniones) porque el Gobierno sabe muy bien dónde puso los candados en la normativa”, apuntó.

EL DEBER