Comunarios de la TCO Turubó Este, del Valle de Tucabaca y de Buena Vista presentaron una demanda ante un juzgado de Roboré contra Marco Andrés Maggi, dueño de un predio ganadero, por reducir el caudal y contaminar el río San Lorenzo. “Exigimos una investigación por la alteración y contaminación del río”, afirmaron con respaldo del subgobernador Hugo Antonio Salmón Rivero. La denuncia apunta a que las obras realizadas dentro del terreno ganadero provocaron daños ambientales que afectan a la agricultura, la pesca y el acceso al agua.

El impacto ha sido grave: familias de Ipias, San Juan, Ramada y Entre Ríos reportaron pérdida de cultivos, animales y un deterioro general en la calidad de vida. “El río San Lorenzo es vital para el consumo humano”, señalaron, recordando que la zona ha sufrido la mayor pérdida de recarga hídrica subterránea en los últimos 30 años. Las 240 familias afectadas exigen que se remuevan las obras, se repare el ecosistema y se otorgue una compensación. El abogado Rodrigo Herrera subrayó: “no existen precedentes de una comunidad demandando a una empresa ganadera por obstrucción de ríos”.

Desde la defensa de Maggi, el abogado José Antonio Rivero alegó que “la obra no afecta el flujo del agua y cuenta con los permisos ambientales”. Además, mencionó que los problemas se deben a la “pendiente natural del terreno”. El juez del caso determinó que este viernes 11 de abril se realice una inspección in situ y un peritaje técnico-legal, después de una suspensión anterior. Este proceso podría “sentar un precedente para la defensa de derechos colectivos y la protección de cuencas”, afirmaron desde la defensa comunal.