En un giro judicial que ha generado indignación entre las víctimas y preocupación en el gremio periodístico, los acusados por el atentado armado contra una caravana de periodistas y civiles en la propiedad Las Londras, en Guarayos, lograron paralizar el juicio oral al presentar un recurso de declinatoria de competencia que cuestiona la jurisdicción del tribunal ordinario.

La segunda audiencia del juicio debía instalarse este martes en el Tribunal Primero de Sentencia de Concepción, después de una prolongada espera desde los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo armado retuvo, torturó y amenazó de muerte a 17 personas, entre ellas siete periodistas. Sin embargo, el proceso fue suspendido tras la presentación de un recurso por parte de la defensa de los imputados, que sostiene que el caso debe ser tratado por la jurisdicción indígena originaria campesina.

Una maniobra dilatoria sin precedentes

Roberto Méndez, asesor jurídico de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, denunció la maniobra como una “chicanería jurídica” destinada a postergar indefinidamente el juicio. “La ley 073 que regula la justicia indígena originaria campesina es clara: no tiene competencia sobre delitos contra la vida, como tentativa de asesinato, secuestro o tortura. Además, los hechos no ocurrieron en una comunidad indígena y las víctimas no pertenecen a una”, explicó.

A pesar de ello, un tribunal de justicia originaria habría aceptado la demanda de los acusados, permitiéndoles presentar la declinatoria e inhibiendo de momento al tribunal de Concepción. Según Méndez, ahora el caso deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que podría paralizar el proceso por meses o incluso un año.

Un caso emblema de la violencia contra la prensa

Durante la audiencia inicial, celebrada en julio, solo comparecieron dos de los cinco acusados: Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira. Los otros tres —Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada— fueron declarados en rebeldía por no presentarse pese a tener órdenes de aprehensión.

El juicio comenzó con el testimonio del policía Carlos Argote, quien describió con detalle la violencia ejercida en Las Londras, incluyendo amenazas contra fiscales y toma de rehenes. El tribunal, conformado por los jueces Rosa Copa, Ramón Quiroga y Elvio Cuéllar, había rechazado previamente un recurso de extinción del proceso.

Justicia estancada y víctimas revictimizadas

El fiscal Jaime Campos lamentó que la Fiscalía se vea impedida de continuar el juicio, pese a que existen pruebas contundentes y delitos graves confirmados en la investigación. “Esto no corresponde a la justicia indígena. Se trata de delitos contemplados en el Código Penal bajo la ley de deslinde jurisdiccional”, afirmó.

La frustración entre las víctimas se hizo patente. Percy Suárez, uno de los periodistas secuestrados que acudió a la audiencia, expresó entre lágrimas: “Esto ha sido un machetazo en la espalda. Nos están amarrando las manos. No es justo que ahora estos criminales se amparen en una jurisdicción que no les corresponde. ¿Cómo no va a indignar si casi me matan? Ahora, después de años, aparecen con esta jugada para congelar el caso”.

El testimonio de Suárez retrata no solo el impacto psicológico de los hechos, sino también la sensación de abandono institucional. “Nunca los agarraron, nunca se ejecutaron las órdenes de aprehensión. Ahora presentan este recurso dilatorio y el tribunal no puede hacer nada. ¿Y si nos mandan a Achacachi o a Oruro? ¿Dónde está la justicia?”.

Un llamado urgente al Tribunal Constitucional

Tanto la defensa y los gremios de las víctimas como la Fiscalía exigen que el Tribunal Constitucional actúe con celeridad y devuelva la causa al tribunal ordinario, para que el proceso continúe y se evite que el caso quede en la impunidad. “Este juicio representa mucho más que un proceso penal; es un símbolo de la lucha contra la violencia hacia periodistas y la necesidad de garantizar justicia y protección para quienes ejercen este oficio”, afirmó Méndez.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) protestó por las maniobras dilatorias y anunció que no cesará en la exigencia de que se haga justicia y se sancione a los responsables del grave ataque contra periodistas para sentar un precedente contra la impunidad.

En tanto el juicio queda en suspenso, las víctimas esperan sanciones a los culpables del brutal ataque ocurrido en Las Londras el 28 de octubre de 2021. Una vez más, la dilación procesal pone en jaque la credibilidad del sistema judicial y abre la puerta a la impunidad.

////Mercedes Fernández////