El sector de la construcción demandó al Gobierno la aprobación de un decreto que permita reajustar los costos de contratos de obra pública, en medio de protestas realizadas en Santa Cruz de la Sierra y La Paz ante el incremento de precios de materiales y servicios.

El gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, afirmó que el reajuste de precios es un derecho contractual y técnico, al considerar inviable cumplir contratos firmados bajo condiciones económicas distintas a las actuales.

Durante la protesta denominada “Tractorazo”, realizada en la zona del Cristo Redentor de Santa Cruz, los afiliados movilizaron maquinaria pesada para visibilizar su demanda. El sector pide un ajuste de entre 30% y 50% en los contratos de obras públicas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), el Índice de Precios de la Construcción registró un incremento promedio del 30% en 2025, mientras que algunos materiales subieron hasta un 100%.

En La Paz, el presidente de la Cámara Departamental de Constructores de La Paz, Jaime Del Llano, expresó que las empresas ya no pueden continuar con la ejecución de obras debido al alza de costos.

El sector atribuye la situación al encarecimiento de materiales, el incremento de combustibles y el ajuste salarial dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5516, que fijó el salario mínimo en Bs 3.300.

Además, señalaron que el precio del diésel y la gasolina también impacta en los costos operativos, agravando el desfase entre los montos contractuales y los costos reales de ejecución.

El vicepresidente de Cadeco La Paz, Martín Zurita, advirtió que cerca del 80% de las obras se encuentran paralizadas o en riesgo de detenerse, lo que podría afectar a millones de familias vinculadas al sector.

El sector también recordó que la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) presentó en enero un proyecto de decreto para la reactivación económica, el cual incluye el reajuste de contratos y la ampliación de plazos ante contingencias.

Sin embargo, los constructores denuncian que, pese a los compromisos asumidos en mesas de trabajo con el Gobierno, hasta la fecha no se ha promulgado la norma, por lo que exigen una respuesta inmediata para evitar una paralización total del sector.