El presidente había anunciado un arancel general del 10 %, pero el máximo tribunal determinó que la imposición de gravámenes corresponde exclusivamente al Congreso.
El presidente de Donald Trump anunció la aplicación de un arancel global del 10 %, amparándose en la sección 122 de las facultades comerciales de Estados Unidos. La medida formaba parte de su estrategia para reforzar la protección económica nacional y responder a lo que su administración considera prácticas comerciales desleales.
Trump también advirtió que recurriría a la sección 301 para investigar y sancionar a países que, según su criterio, perjudican a la economía estadounidense, lo que podría derivar en la imposición de nuevos aranceles adicionales. Asimismo, aseguró que los gravámenes vinculados a la seguridad nacional, establecidos bajo la sección 232, continuarían vigentes de forma inmediata.
Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que declaró ilegales los fundamentos utilizados por la administración para imponer estos aranceles, al considerar que el Ejecutivo excedió su autoridad legal. La decisión anula tanto los gravámenes aplicados bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas como los denominados “aranceles recíprocos”.
El presidente del tribunal, John Roberts, fue claro al afirmar que la facultad de imponer aranceles forma parte del poder impositivo, el cual corresponde exclusivamente al Congreso de Estados Unidos. En ese sentido, recordó que la Constitución otorga únicamente al Congreso la autoridad para establecer impuestos, por lo que cualquier intento del Ejecutivo de ejercer ese poder sin autorización explícita resulta inconstitucional.
El fallo representa un duro revés para la política comercial de Trump, al dejar sin efecto los aranceles globales y reafirmar que solo el Congreso tiene la potestad legal de imponer tributos, marcando un límite claro a las decisiones económicas unilaterales del presidente.
