Tras la expulsión de la Policía del trópico de Cochabamba en octubre, la región enfrentó un incremento de crímenes como sicariato, asesinatos y tráfico de armas. Según el viceministro Jhonny Aguilera, se reportaron incidentes graves, incluyendo la muerte de cinco personas a manos de un grupo criminal y el asesinato de una pareja y un funcionario bancario. Este vacío de seguridad evidenció la necesidad urgente de fortalecer la presencia estatal.
Aguilera destacó que los delitos observados están vinculados al crimen organizado, con actividades que van desde la venta de armas hasta homicidios. Durante este periodo, además, se paralizaron servicios esenciales como los de entidades financieras y oficinas públicas, afectando significativamente a la población local. El retorno policial se perfila como un paso clave para garantizar la seguridad y restablecer el orden en la región.
El regreso de la Policía al Chapare se concretó tras un acuerdo entre el Gobierno y los alcaldes de la mancomunidad de municipios del trópico. Este retorno busca no solo prevenir futuros crímenes, sino también normalizar servicios interrumpidos. La estrategia gubernamental apunta a una respuesta efectiva frente al impacto del crimen organizado en esta zona crítica.
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