Una comisión de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto inspeccionó la zona en riesgo de deslizamiento donde trabajan los amautas. Según la presidenta de la APDH, Virginia Ugarte, se constató que «tienen un espacio grande» de al menos tres metros desde sus casetas hasta el precipicio, descartando un riesgo inminente y la necesidad de desalojo.

El conflicto surgió tras las lluvias de octubre, cuando funcionarios municipales notificaron a los amautas para que abandonen la zona, argumentando peligro de deslizamiento. Sin embargo, los consejeros andinos rechazaron el desalojo, argumentando que su actividad en el área es sagrada. Según Ugarte, los amautas «no están al borde, como se ve en el teleférico», aunque señaló que es necesario «poner un poco de orden» en coordinación con las autoridades locales.

La APDH destacó que los amautas cumplen con obligaciones como el pago de patentes e impuestos, lo que respalda su permanencia. Además, se anunció una próxima reunión para encontrar soluciones que respeten los derechos de los involucrados y eviten «relocalizarlos de un lugar sagrado», promoviendo un enfoque equilibrado entre seguridad y tradición.