Un folio subió de Bs 112 a Bs 154 y un certificado de propiedad de Bs 178 a Bs 214

Desde el martes pasado rige en Bolivia en nuevo Reglamento de Aranceles y Valores Judiciales del Órgano Judicial que incrementa los costos de valores en Derechos Reales. Esta instancia es la recaudadora del 60% del presupuesto de funcionamiento de este órgano del Estado, que recibe el restante 40% del Tesoro General del Estado. Por ejemplo, el Folio Real, que antes costaba Bs 112, ahora se incrementó a Bs 154, y el Certificado de Propiedad Nacional pasó de 178 a 214 bolivianos.

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El jefe de la Unidad Nacional de Finanzas de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Dorian Murillo Cueto, publicó una circular dirigida a los jefes y directores administrativo distritales de los nueve departamentos del país. Allí les hace conocer el nuevo Reglamento de Aranceles y Valores Judiciales, conocido este miércoles.

“En atención a la aprobación del Reglamento de Aranceles y Valores Judiciales del Órgano Judicial aprobado mediante resolución de directorio DAF, Nº 018/2025 en el marco del proceso de implementación progresiva de sus disposiciones, se comunica a todas las unidades administrativas que la puesta en marcha en la aplicación de la prestación de servicios de DDRR con los costos actualizados se realizará a partir del martes 14 de octubre de 2025”, señala la circular.

El nuevo reglamento establece la forma de pago de aranceles, servicios y valores en trámites judiciales, administrativos y de registro dentro del Órgano Judicial que se hará en cuentas fiscales o pagos en línea a través de la plataforma en Banco Unión (pago QR).

HACE NUEVE AÑOS

La última actualización se hizo en octubre de 2016, durante la presidencia de Pastor Mamani en el TSJ, y la finalidad era la implementación de medidas de seguridad en los nuevos formularios y cubrir el incremento salarial de los funcionarios judiciales.

En ese entonces, se explicó que no había nivelación de valores y prestación de servicios en DDRR desde hacía 20 años, y que por el problema económico del Órgano Judicial y la mantención de las infraestructuras obligaba a proceder con el incremento.

Este miércoles, ninguna autoridad de Derechos Reales salió a explicar el motivo del aumento aprobado por el Directorio de la DGAF.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, aclaró que esta instancia no interviene en la aprobación del mencionado reglamento y que lo único que le corresponde es la aplicación a través del sistema informático.

INGRESOS

El abogado Jaime Hurtado, especialista en temas constitucionales, indicó que por su definición, los aranceles del Estado solo deben costar lo que alcanza su costo de operación. Por lo tanto, no deben ser considerados como una fuente de ingresos, tal como ocurre en el Órgano Judicial que tiene a DDRR como instancia recaudadora de recursos porque el Gobierno no le otorga un presupuesto adecuado.

///CORREO DEL SUR///