Por: Gonzalo Colque

Por primera vez en la historia reciente de Bolivia, el gobierno aprueba por decreto un régimen de excepción económica. Bajo el argumento de un desastre económico inminente, el Decreto 5503 suspende regulaciones y leyes vigentes en materia económica y las reemplaza por reglas de juego que rompen la jerarquía normativa. Supuestamente se trata de un régimen de carácter temporal que busca atraer inversión extranjera para la explotación de recursos naturales estratégicos.

Aunque el gobierno de Rodrigo Paz no se cansa de repetir que primero está la Patria, su verdadera intención es menos pretenciosa y terrenal: financiar el déficit fiscal y sostener el presupuesto público para garantizar la supervivencia política de su mandato. Cada año, el sector público necesita un flujo cercano a $us 5.000 millones para cubrir la brecha entre ingresos y gastos. No sólo es un déficit fiscal de dos dígitos, sino que la mayor parte de ese monto tiene que ser en dólares, que son indispensables para importar combustibles y cumplir con el servicio de la deuda externa. 

En realidad, el gobierno de Paz no está inventado nada nuevo. La estrategia de sobrevivir políticamente endeudando al país forma parte del catálogo de la vieja escuela. Durante los años de bonanza fue relegada, pero el gobierno de Arce se encargó de desempolvar y retomar con fuerza.

Durante su mandato, 2021-2025, la deuda interna creció en unos $us 20.000 millones. Bajo la excusa de que sufría un “sabotaje” legislativo que le impedía obtener créditos de organismos multilaterales, eligió el camino fácil y discrecional de cooptar el Banco Central de Bolivia (BCB) para imprimir billetes sin respaldo real y monetizar 57 toneladas de las reservas internacionales. 

Como su sed de dólares era insaciable, tomó el dinero del fondo de pensiones y, por último, violó la Ley del oro al haber empeñado 8,4 toneladas de las reservas mínimas de oro. Agotó el camino de fuentes internas. 

Paz toma la posta en este punto. Aprovechando el precedente dejado por su antecesor dio un giro peligroso al haber decidido no sólo continuar por el camino allanado, sino profundizar la cooptación del BCB. El decreto convierte el Banco Central en una verdadera casa de empeño del Estado que, además de fuente de financiamiento interno, tendrá el rol de contraer deuda externa respaldada por activos públicos. 

El artículo 5 del Decreto 5503 otorga al BCB facultades extraordinarias para recibir bonos, valores o activos financieros del Tesoro General de la Nación (TGN) y entregarlos en garantía a acreedores internacionales, que pueden ser los mismos que compraron el oro, traders de materias primas o capitales transnacionales.

Para entender el mecanismo, pensemos en un ejemplo hipotético. El punto de partida sería la firma un contrato de deuda entre el Banco Central y una corporación interesada en el litio boliviano. El préstamo estaría garantizado con derechos de explotación futura. Más adelante, pasarían a firmar contratos de inversión o asociación bajo el paraguas del régimen de excepción; es decir, aplicando procedimientos “fast track”, silencios administrativos y otros para quitar del camino licencias ambientales, fiscalizaciones parlamentarias y rendiciones de cuentas. El resultado sería perfectamente desigual. Si el proyecto es exitoso, la corporación ganará como inversionista; si fracasa, ganará como prestamista. No hay escenario en el que pierda.

Pensemos tomando un caso concreto. Hace una década, Ecuador recibió un préstamo de alrededor de $us 5.400 millones de la multinacional suiza Gunvor. No es un financiador típico, sino uno de los mayores traders de petróleo. La operación se concretó porque estaba respaldada por preventas de crudo a precios subvalorados y con tasas de interés por encima del 7%, más altas que las de organismos multilaterales como el FMI.

Tiempo después, investigaciones parlamentarias revelaron que el gobierno ecuatoriano había comprometido hasta cinco veces más petróleo del necesario para cubrir esa deuda. El caso terminó en tribunales anticorrupción, donde la gigante suiza admitió haber formado parte de un plan sistemático de sobornos. Ecuador acabó destinando hasta el 87% del crudo exportado al cumplimiento de los contratos lesivos para su gente.

Volviendo a lo que sucede en Bolivia, todo apunta a que el régimen de excepción económica ha sido diseñado para afianzar la relación con Estados Unidos. El Decreto 5503 envía una señal política de alto nivel para avanzar hacia la firma de contratos de préstamos e inversiones. 

El régimen aprobado también está alineado con los intereses geopolíticos del norte vinculados al control del Triángulo del Litio y a la contención de la influencia china en América Latina. Sin embargo, el Decreto no está técnica y jurídicamente a la altura de ese desafío geopolítico. Al contrario, es un texto plagado de errores, ambigüedades y vicios de nulidad de forma y fondo, al extremo que el gobierno sustituyó a hurtadillas la versión original publicada en la Gaceta Oficial por otra retocada y modificada en sus disposiciones transitorias. 

Para cerrar, la versión parcial y engañosa que publicita el gobierno obliga a dejar un mensaje claro y directo. El Decreto 5503 no inaugura ningún nuevo modelo económico ni nada parecido. Tampoco es una reforma económica ni una estrategia de desarrollo. Es, simple y llanamente, un esquema para contraer compromisos financieros de largo plazo con un objetivo de corto plazo: sobrevivir políticamente gastando hoy los ingresos del mañana. Endeudar al país empeñando recursos estratégicos para obtener réditos políticos inmediatos en beneficio del gobierno de turno. 

Gonzalo Colque es investigador.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera