La tragedia en Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, ha dejado al descubierto una compleja problemática que afecta a los vecinos de la zona. Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, el 90% de los afectados por el reciente deslizamiento no cuenta con títulos de propiedad legítimos, ya que fueron víctimas de estafas perpetradas por loteadores. Estas actividades fraudulentas no solo perjudicaron a las familias, sino que también estarían ligadas a organizaciones criminales que operan con la complicidad de funcionarios de instancias municipales, departamentales e incluso del sistema judicial.

Calvimontes señaló que muchas de estas irregularidades han sido facilitadas mediante procesos fraudulentos de documentación, obtenidos rápidamente y de forma ilícita. También destacó la irresponsabilidad de las alcaldías en la emisión de títulos, mencionando casos como el del municipio de Achocalla, donde funcionarios destituidos por malas prácticas otorgaron documentos de propiedad irregulares. A pesar de la remoción de estos empleados, los documentos no fueron anulados, lo que agrava aún más la inseguridad jurídica en la zona.

La situación en Bajo Llojeta es particularmente crítica debido a las intensas lluvias que han generado deslizamientos y riadas. La noche del sábado, una torrencial lluvia provocó una segunda riada que afectó gravemente la avenida Los Sargentos, casi derribando muros y amenazando las viviendas ubicadas al sur de la zona. Según el viceministro, a pesar de los intentos por estabilizar el área inferior, la parte superior sigue en riesgo de sufrir nuevos deslizamientos debido a las condiciones meteorológicas adversas.

En medio de esta emergencia, Calvimontes criticó duramente la falta de presencia del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, y del gobernador de La Paz, Santos Quispe. Según él, la ausencia de estas autoridades refleja una falta de humanidad y sensibilidad frente a las necesidades de las familias afectadas. Para el viceministro, más allá de las cuestiones administrativas o legales, la prioridad debería ser brindar asistencia inmediata a las personas damnificadas por este tipo de desastres.

Mientras tanto, los vecinos de Bajo Llojeta enfrentan una crisis no solo ambiental, sino también social y legal, en la que las lluvias, las estafas y la falta de acción de las autoridades han dejado a muchas familias en una situación de extrema vulnerabilidad.