Los servicios de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ya conocen informes de fallos emitidos por dos jueces cautelares de Santa Cruz, que devolvieron cuantiosos bienes a la organización de Sebastián Marset, incautados tras su primera fuga de Santa Cruz, el 29 de julio de 2023.

Las nuevas revelaciones que se adjuntan en un nuevo expediente salen a la luz después que el pasado viernes 13 Marset fuera capturado en un megaoperativo en Santa Cruz y de inmediato trasladado a Estados Unidos en un avión de la DEA para responder ante la justicia de ese país por delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación, organización criminal y otros.

Según informes el 29 de julio de 2023, Marset logró fugar de su mansión donde vivía por el quinto anillo de la avenida Beni, pero antes secuestró a dos policías de inteligencia que realizaban investigaciones tras los rastros del traficante. Tras esa acción que movilizó a toda la Policía en la búsqueda de Marset, y se ejecutaron numerosos allanamientos e incautaciones de millonarios bienes.

Entre las incautaciones la Felcn registró una quinta de más de tres hectáreas o sea 30.000 metros cuadrados, en el camino a Porongo al lado del ecoparque y restaurante La Rinconada. La quinta cuenta con amplias y modernas habitaciones, además de comodidades como piscinas, campos de fútbol y otros.

Por disposición de la justicia y la Fiscalía como medida preventiva el bien fue entregado en calidad de custodia a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Felcn.

Asimismo, se procedió a la incautación de una cancha de fútbol por la carretera al norte a la altura de La Chonta, así como dos hangares y siete avionetas en la localidad de Coloradillos, en el municipio de Warnes. También se incautó su mansión en la que vivía en la gestión 2023, por la avenida Beni y quinto anillo, que se encuentra en custodia del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), más de 15 vehículos de alta gama, además de otros bienes.

Una jueza está destituida

Los informes oficiales de conocimiento de la Felcn, la DEA y la Fiscalía, señalan que una jueza que ordenó la devolución de los bienes a la organización de Marset, tiene procesos disciplinarios y hace meses que el Consejo de la Judicatura dictó su destitución, pero no ha sido notificada porque gozaría de protección. El otro juez cautelar que también firmó las devoluciones es procesado por la vía disciplinaria por el gabinete jurídico del Consejo de la Magistratura, pero según los informes de la Felcn y la Fiscalía, también goza de protección.

EL DEBER conoció según la Felcn y el Ministerio Público, que los jueces devolvieron los bienes cuantiosos a la red de Marset con resoluciones escritas a puerta cerrada, sin celebrar audiencias como es norma.   

El coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Julio César Porras, confirmó a EL DEBER, que el Ministerio Público no devolvió ni un alfiler a nadie. Aseguró que en los casos de devoluciones de estos bienes nunca fueron notificados por los jueces. “Pese a no ser notificados apelamos en todas las instancias, porque este es un caso de un delito muy grave y de connotación internacional”, dijo el fiscal Porras. 

Repiten las incautaciones

Tras la captura de Sebastián Marset, buscado especialmente por países como Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y otro, por tráfico internacional de drogas, se viene desarrollando intensos operativos con allanamientos.

Se informó que tras la detención y traslado de Marset, para su juzgamiento se reincautó en los mismos lugares que la primera vez de su fuga en 2023, al menos 5 inmuebles, que funcionaban como casas de seguridad o logística para la organización criminal.

También se incautaron armas de guerra, municiones y 10 vehículos de lujo, entre ellos cuatro blindados de última generación. Asimismo 16 avionetas, 21 armas de fuego, tres fusiles AK47, granadas, 600 municiones, chalecos tácticos antibala, más de 400 litros de combustible de aviación, además de paquetes de marihuana en estado húmedo.

Las autoridades de la Policía y del Ministerio de Gobierno confirmaron que la afectación en la reincautación de los bienes alcanza a más de 15 millones de dólares. Cuatro personas fueron aprehendidas y enviadas a la cárcel y hay 8 ciudadanos brasileños en la mira.

EL DEBER