Tensión en América Latina. La orden de la Casa Blanca al Ejército estadounidense para combatir a los carteles en el extranjero propaga por la región ondas sísmicas que amenazan con alterar, todavía más, las relaciones de la administración de Donald Trump con sus homólogos de la región como el venezolano Nicolás Maduro y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

“Estamos jugando con mano dura. Pronto podremos elaborar más al respecto”, dijo Trump este viernes, citado por El País de Madrid, en un breve contacto con medios sobre la iniciativa adelantada en exclusiva por The New York Times.

Sheinbaum se vio obligada a responder rápidamente, pero con tono parsimonioso. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión”, subrayó la presidenta en su conferencia matutina. La mandataria insiste en este discurso desde hace meses a pesar de las señales de la Casa Blanca.

En febrero, el gobierno de Trump calificó como organizaciones terroristas internacionales a seis carteles mexicanos (el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, el Cartel del Noroeste, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana), además de las temibles pandillas Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha salvadoreña.

No se conocen detalles sobre la orden de Trump ni si se han sugerido al Pentágono golpes específicos, aunque estos planes ya están siendo diseñados por autoridades militares, de acuerdo a lo que pudo conocer el rotativo estadounidense. El Times desconoce si otras agencias del Ejecutivo, como el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado han desaconsejado estas acciones.

La iniciativa, no obstante, responde a un viejo reclamo del sector más duro del partido republicano. Las operaciones militares estadounidenses contra los narcotraficantes, señalados por Washington por inundar las calles del país con el fentanilo que ha creado una epidemia nacional con más de 70.000 muertes al año, han sido un reclamo de los congresistas de la ultraderecha desde hace años.

La escalada del Gobierno de Trump ha sido revelada en medio de señales de enfriamiento económico y de presión por el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Por ahora, la decisión parece apuntar directamente al sur de Estados Unidos. Especialmente a Venezuela, donde, al menos desde 2020, las autoridades estadounidenses siguen la pista a los vínculos del tirano Nicolás Maduro y 14 funcionarios de su régimen con el crimen organizado.

Durante la primera presidencia de Trump fueron anunciados cargos penales contra el presidente venezolano y sus alianzas con las FARC, una relación que se origina supuestamente al menos desde el gobierno de Hugo Chávez. Este año se cumplen dos décadas desde que el caudillo venezolano suspendió la cooperación antidroga con Estados Unidos con el argumento de que la DEA, la agencia antidrogas de Washington, era una herramienta de injerencia extranjera.

Pero Trump 2.0 ha redoblado su apuesta contra Maduro. Pam Bondi, la fiscal general, anunció el jueves que el gobierno de Estados Unidos ha aumentado hasta 50 millones de dólares la recompensa que ayude a la detención de Maduro.

La funcionaria acusó al líder sudamericano de colaborar con el Tren de Aragua, una organización nacida en Venezuela hace quince años y que operó desde la cárcel de Tocorón con la anuencia de las autoridades. La banda se ha expandido a nivel global con el éxodo masivo de venezolanos gracias a la trata de personas, narcotráfico y extorsión.

Maduro es también vinculado por el trumpismo con el Cartel de los Soles, una organización criminal responsable de traficar drogas a Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sumó a finales de julio a la banda delictiva a la lista de organizaciones terroristas globales por sus actividades. En la declaratoria, las autoridades vincularon además a este grupo con el poderoso Cartel de Sinaloa.

El Cartel de los Soles, más que una organización formal, está conformado por varios grupos de poder dentro del Gobierno, con los militares a la cabeza, que favorecen, protegen y se benefician de esta actividad ilícita en Venezuela. El nombre de la organización hace referencia a las insignias solares que adornan los uniformes de los altos mandos militares.

Aunque el chavismo cortó los vínculos de cooperación con la DEA en 2005, Caracas ha dedicado los últimos años a publicitar sus operaciones de desmantelamiento de laboratorios de droga y el derribo de 312 aviones usados por narcotraficantes desde 2012. El ministro Vladimir Padrino reiteró este viernes que las autoridades venezolanas han decomisado en lo que va del año 51 toneladas de droga.

En México, Sheinbaum, también optó por hacer más visibles los resultados de sus operativos contra las mafias del narcotráfico. Sobre todo cuando las voces de los republicanos le reclaman su falta de atención en el tema.

“Se ha trabajado mucho en la caída de homicidios, en la incautación de drogas, en la frontera norte y se ha reducido un 50% el paso del fentanilo por la frontera”, dijo con cierto hartazgo a mediados de julio la mandataria.

Además, su gobierno entregó a Washington en febrero a 29 capos de alto perfil para que estos sean enjuiciados en los tribunales federales.

Estados Unidos también considera que los antiguos funcionarios del chavismo son clave para obtener información sobre los supuestos actos delictivos de Maduro y sus colaboradores.

En este contexto puede enmarcarse la detención en España de Hugo Carvajal, antiguo jefe de inteligencia de Hugo Chávez, quien fue extraditado a Estados Unidos. El militar retirado se declaró culpable en junio de los cargos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, conspiración para el narcoterrorismo y otros dos relacionados con posesión de armas.

Conocido como El Pollo, Carvajal es señalado por la justicia estadounidense como líder de Cartel de los Soles. Trump estrecha el cerco sobre este grupo criminal.

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