Por: Edwin Cacho Herrera
En los informes de las últimas cuatro décadas, las entidades estatales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico —Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Defensa Social, FELCN— pusieron el acento en la interdicción de la cocaína. No era para menos. Bolivia se situó desde finales del siglo XX en el podio de naciones productoras de clorhidrato y pasta base. Sin embargo, fruto de la permanente reinvención del crimen organizado, un nuevo negocio ilícito había comenzado a cobrar fuerza a nivel continental, aunque discretamente.
La Dirección General de la fuerza antidrogas realizó una valiosa sistematización sobre la incautación de cannabis entre 2008 y febrero de 2026, estamos hablando de 27 años retratados con datos sobre una temática que no causaba mucho interés.
Muestra que entre 2008 y 2011, el único parámetro de incautación era “Marihuana secuestrada para expendio”, es decir secada lista para el consumo. Ya en 2009 el volumen confiscado fue de 1.973.412.104 gramos, es decir 1.973 toneladas listas para la venta dentro y fuera del país. En 2011, el secuestro cayó a 382.199.640 gramos y a partir de 2012 se añadió un nuevo ítem al registro: “Marihuana incinerada en plantíos”.
Con ese doble parámetro, la interdicción de la yerba llegó en 2020 a 464.212.170 gramos, equivalentes a 464 toneladas, entre incineradas en los plantíos y secuestradas en las calles. En 2021 y 2022 hubo un descenso que puede explicarse por la pandemia del coronavirus. A partir de 2023, el secuestro e incineración de marihuana cobró repunte y llegó en 2024 a los 514.513.878 gramos, 514 toneladas, durante la gestión de Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno y de Jaime Mamani en calidad de viceministro de Defensa Social.
Datos obtenidos por Datápolis sobre decomisos de marihuana en lo que va del nuevo gobierno, entre el 8 de noviembre de 2025 y la primera quincena de febrero de este año, dan cuenta de 218.840.792 gramos secuestrados e incinerados, equivalentes a 218 toneladas. Si aplicamos el estándar internacional de que se incauta el 10% de lo que se produce, estaríamos ante cifras siderales relacionadas con el tráfico de cannabis desde el país. Por eso es que hablamos del boom de la marihuana.
En Bolivia, aunque la marihuana sigue siendo ilegal y está penalizada, en la última década ha habido indicios de un repunte en la producción ilícita más allá de su tradicional uso doméstico. Los datos oficiales muestran que entre 2020 y 2024 la cantidad de marihuana incautada en operativos creció aproximadamente un 38%, reflejando un incremento en diferentes regiones del país, especialmente en zonas rurales donde el control del Estado es inexistente.
Una de esas regiones, por su puesto, se encuentra en el norte de Potosí, con el curioso nombre de México Chico. El gobierno anterior destruyó decenas de carpas solares con toneladas de marihuana preparadas para su traslado a Chile y otros mercados, luego del grave conflicto en el municipio de Llallagua en el que fueron asesinados cuatro policías —tres subtenientes y un sargento de Bomberos— con disparos de precisión percutados por presuntos francotiradores.
Es una zona roja desde donde se inicia el circuito delictual de producción, acopio y distribución del cannabis para el consumo interno y la exportación a mercados extranjeros donde el consumo de lo que se conocía como droga liviana se ha incrementado exponencialmente por la aparición de nuevas variedades. En lo que va de este mes se han confiscado tres toneladas en un peaje en la ruta entre Oruro y el norte de Potosí, una tonelada en Chile, cerca de la frontera con Bolivia, otra tonelada en el norte argentino y una más en la ciudad de Cochabamba, lo que demuestra el auge de la yerba en distintas variedades como la marihuana húmeda que aumentaría su potencial narcotizante.
Aunque no se conocen reportes técnicos de nuevas cepas desarrolladas producto de la investigación genética, en la práctica existe una adaptación a las condiciones climáticas extremas del occidente boliviano —uso de carpas solares para simular ambientes templados y producir en zonas altas y frías— lo que sugiere la circulación de variedades más resistentes y de mayor rendimiento que las tradicionales plantaciones al aire libre.
Para completar el cuadro de auge de la marihuana, hay que marcar la inédita llegada de cannabis procesado procedente de Estados Unidos. Le dicen marihuana líquida, marihuana ice, marihuana en pasta o hachis. Causarían efectos que van más allá de lo alucinógeno y podría estar ganando terreno entre los consumidores locales a través de los tristemente famosos vapeadores. 340 kilos de marihuana líquida fueron decomisadas en el aeropuerto Viru Viru en las últimas semanas y los fiscales antinarcóticos no descartan su conexión con el escandaloso caso de las maletas.
Autoridades antidrogas nacionales prefieren hablar de Bolivia como país de tránsito hacia otros mercados sudamericanos y emergentes en otros continentes.
La capacidad del narcotráfico global para reinventarse y expandirse es impresionante. El crimen organizado se ha diversificado de tal manera que, además del tráfico de drogas convencionales, ahora controla y obtiene multimillonarias ganancias del tráfico de fentanilo y anfetaminas, tráfico de armas, extorsiones a gran escala, tala de árboles, minería ilegal, tráfico de hidrocarburos o huachicol, mercado de apuestas, tráfico de migrantes y blanqueo de capitales en el mercado inmobiliario, espectáculos y deportes masivos.
Y mientras la diversificación se hace ilimitada, una línea de negocio delictual avanza sin hacer ruido a nivel nacional y continental: la marihuana tradicional y la marihuana sofisticada. Cortar su crecimiento exponencial en términos de producción, acopio y distribución y cortar su eventual consolidación de nuevas de variedades traídas de otros países o procesadas en Bolivia se constituye en un gran desafío para las entidades de lucha contra el narcotráfico. ¿Cuándo la intervención del Estado a México Chico y otros narcoenclaves en nuestro país?
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
