El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, ratificó que ni el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ni la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) fueron notificados sobre ningún proceso penal, ni sobre la medida cautelar concedida en la víspera por un juzgado en Potosí contra los dos contratos.
El Gobierno de Luis Arce insistió este miércoles en que no fue notificado sobre el fallo judicial que ordenó frenar la aprobación en el Legislativo de dos contratos con empresas de Rusia y China para la explotación del litio boliviano, por lo que exhortó al Parlamento a avanzar en el tratamiento de ambos documentos.
El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, ratificó que ni el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ni la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) fueron notificados sobre ningún proceso penal, ni sobre la medida cautelar concedida en la víspera por un juzgado en la región andina de Potosí contra los dos contratos.
«Mientras nosotros no seamos notificados, seguimos avanzando dentro de la aprobación de estos contratos», sostuvo Arnez en una rueda de prensa.
La autoridad indicó que están a la espera de la notificación correspondiente para asumir una representación en el caso y exhortó a la Asamblea Legislativa «que pueda ir avanzando en el tratamiento de estos dos contratos».
También aseguró que hubo un proceso de socialización de los contratos y «para el muestreo» hubo consultas, y que una vez que se aprueben los contratos, habrá una consulta con las comunidades aledañas a los lugares donde se proyecta la fase industrial.
En la víspera, un juzgado de la localidad de Colcha K, en Potosí, concedió una tutela a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) que agrupa a 53 comunidades indígenas de esa provincia potosina.
La Cupconl explicó en un comunicado que el juez dispuso la «suspensión inmediata del tratamiento legislativo» de los contratos con la firma rusa Uranium One Group y con el consorcio chino CATL BRUNP & MOC (CBC) en tanto no cuenten con los respectivos estudios de impacto ambiental.
También instruyó al Gobierno y a YLB «abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a esos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra».
Arnez reiteró que los contratos «no surten efecto hasta que no sean aprobados» en el Parlamento, ante denuncias de que ya hubo actividades piloto que generaron problemas de abastecimiento de agua en las comunidades de Potosí.
El Gobierno de Arce asegura que Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio en el mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.
La mayoría de estas reservas están en el salar de Uyuni, en Potosí, y también hay litio en menor proporción en los salares de Pastos Grandes, en el mismo departamento, y Coipasa, compartido entre la región andina de Oruro y Chile.
El Ejecutivo boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología de extracción directa del litio (EDL) con las compañías chinas CBC y Citic Guoan y en 2024 con Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.
En 2024 se formalizaron los acuerdos con Uranium One Group y CBC mediante la firma de contratos que fueron enviados al Legislativo para su análisis y aprobación, aunque en febrero se suspendió su tratamiento para socializar el contenido de los documentos, ante los fuertes reclamos y dudas de las organizaciones de Potosí.
En diciembre, el Ejecutivo boliviano firmó otros tres acuerdos con la empresa australiana EAU Lithium Pty Ltd, la argentina Tecpetrol y la francesa Geolith Actaris para probar sus tecnologías de producción del litio en Coipasa, Pastos Grandes y en el salar potosino de Empexa.
\\El Deber//
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