El economista Julio Linares explicó que debe ser la nueva Asamblea Legislativa la que apruebe el PGE 2026. Antes, entre 20 de octubre y el 8 de noviembre, deben conformarse dos comisiones de transición, una gubernamental y otra legislativa para analizar este tema.
La administración de Luis Arce ya puso en marcha la elaboración y directrices del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, pero el nuevo Gobierno que resulte ganador del balotaje, podrá hacer los ajustes en la comisión de transición que se conforme y la futura Asamblea Legislativa, dar la aprobación definitiva.
Mediante la Resolución Biministerial No 10 del 29 de julio de este año, los ministros de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aprobaron las directrices de formulación presupuestaria para la gestión 2026, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público.
Las directrices tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el mediano y corto plazo.
El documento subraya que las mismas son de aplicación obligatoria para las entidades del sector público que comprenden: los Órganos del Estado, las entidades que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado; gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos; universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas entidades que forman parte del PGE.
Las entidades del sector público deben transparentar la información sobre el uso y destino de los recursos públicos, los resultados del cumplimiento de las acciones y metas establecidas en el mediano y corto plazo, programadas en los planes y presupuestos institucionales, utilizando instrumentos disponibles como portales informáticos, audiencias públicas y otros.
Julio Linares, economista y especialista en descentralización, señaló que por norma, por ley el actual Gobierno, se tiene que elaborar y presentar el PGE 2026, pero es la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, conformada por los legisladores electos de los comicios del 17 de agosto, la que tendrá la palabra final y aprobar el proyecto de presupuesto 2026 y la nueva Ley Financial.
La segunda vuelta electoral entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula a Rodrigo Paz, y la alianza Libre, que candidatea a Jorge Tuto Quiroga, está prevista para el 19 de octubre del año en curso.
Linares explicó que el 8 de noviembre se debería estar conformando la mesa directiva de la nueva Asamblea Legislativa y las comisiones, entre ellas la de Planificación Política Económica y Finanzas, que es la encargada de analizar el PGE 2026 que envíe el nuevo presidente y vicepresidente del Estado.
Sin embargo, dijo que entre 20 de octubre y el 8 de noviembre, deben conformarse dos comisiones de transición, una gubernamental y otra legislativa para que discutan el proyecto que elaboró el Gobierno saliente y el proyecto que seguramente ya están elaborando los equipos económicos del PDC como de Libre.
“En ese período de 18 días la administración actual debe entregar toda la información para que el gobierno electo, haga los ajustes o elabore un nuevo PGE. El proyecto puede aprobarse hasta diciembre en la nueva Asamblea Legislativa. Claro, la Comisión de Planificación, tendrá que trabajar 24 horas y con carácter de urgencia y con seguridad habrá cambios», indicó Linares.
¿Qué pasó con el PGE 2021 y el gobierno electo de Arce?
El 18 de diciembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó la modificación al proyecto de PGE 2021 que había elaborado la administración saliente de Jeanine Añez. En el nuevo documento, se realizaron varios ajustes, se definió un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,8%; se priorizó la inversión pública para reactivar la economía del país, se redujo el gasto corriente y se garantizaron los bonos sociales para fortalecer la redistribución de ingresos.
Según el Ministerio de Economía, el PGE se constituye uno de los instrumentos más importantes de la política fiscal, en el cual se registran los ingresos y gastos del Estado para el financiamiento de las políticas públicas a través de programas y proyectos de inversión contemplados en el PGE.
Una nota de prensa de esa cartera de Estado, en ese entonces, señalaba que la Cámara de Diputados puso en consulta del Órgano Ejecutivo, el 4 de diciembre de 2020, el proyecto de PGE 2021 elaborado por el denominado Gobierno transitorio, debido a que “presentaba inconsistencias”.
“El PGE inicial del Gobierno transitorio, proyectaba una menor tasa de crecimiento del PIB, reducía la inversión pública, se perfilaba mayor inflación y acentuaba la incertidumbre con la ejecución de políticas neoliberales orientadas a favorecer a ciertos grupos de poder en desmedro de la población”, señalaba entonces el Ministerio de Economía.
El proyecto de PGE 2021 inicial del Gobierno de transición planteaba una inversión pública de 3.442 millones de dólares, pero con la modificación este indicador subió a 4.011 millones de dólares, lo que representa un aumento del 17%. También se asignó un mayor presupuesto a salud, educación y se realizaron otros ajustes.
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