Alemania seguirá de cerca los avances de Bolivia en el desarrollo del litio y enfocará su cooperación en el “marco” que rodea a este negocio estratégico, con énfasis en gobernanza, estándares ambientales y sociales, además de una consulta previa con las comunidades que ya expresaron su preocupación por el uso del agua en la región del Salar de Uyuni en Potosí. Esta postura se conoció en un momento en el que la Unión Europea (UE) ratificó el interés  en viabilizar la transición energética.

“Podemos apoyar en las circunstancias alrededor (del proyecto), en la gobernanza. Ahí vemos nuestro rol. No somos un ministerio que pueda poner dinero para la explotación”, afirmó a EL DEBER Christina Seeberg-Elverfeldt, encargada de Cooperación Bilateral con Bolivia del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

La funcionaria remarcó que el foco inmediato de la cooperación alemana está en las energías renovables, aunque Berlín observa de cerca la evolución del sector del litio. “Vamos a mirar lo que está pasando en el trabajo con litio”, señaló y subrayó que su desarrollo exigirá grandes flujos de capital y que la conversación decisiva será con el sector privado. “Se va a necesitar mucho financiamiento y ahora hay que ver qué decide el sector privado”, explicó.

Alemania y la UE anunciaron esta semana la dotación, en favor de Bolivia, de un fondo no reembonsable de $us 10,6 millones, unos nueve millones de euros  para la transición energética. Eso mientras una misión de alto nivel europeo desarrollaba una visita al país que incluyó el Salar de Uyuni.

Precisamente, durante su visita a instalaciones vinculadas al litio, la delegación alemana recogió inquietudes directas de las comunidades locales. “Hay temor por el uso del agua”, relató Seeberg-Elverfeldt. Según dijo, las preocupaciones no son solo ambientales, sino también sociales, y deben ser atendidas antes de avanzar en proyectos de mayor escala. “Es clave respetar a las comunidades y los estándares sociales y ambientales; ahí es donde podemos contribuir”, insistió.

La postura del BMZ coincide con lo expresado por otras autoridades en el nuevo ciclo político boliviano. El 10 de noviembre, dos días después de la posesión del presidente Rodrigo Paz, el canciller alemán Johann Wadephul confirmó el interés de su país en inversiones en litio, condicionado a reglas claras y seguridad jurídica. “Existe un consorcio australiano-alemán que ya trabaja aquí y quiere explorar yacimientos. Se necesita seguridad para  inversiones”, dijo entonces en Santa Cruz.

Además, el expresidente alemán Christian Wulff, quien estuvo presente en la posesión de Paz, sostuvo en entrevista con EL DEBER que Europa está dispuesta a apoyar el desarrollo del sector en el marco de la iniciativa Global Gateway, con estándares “ambiciosos” de sostenibilidad social y ambiental. Precisó que el consorcio EAU Lithium superó pruebas tecnológicas con YLB y que sería deseable abrir conversaciones con el Gobierno para una inversión mayor, aunque recordó que se trata de financiamiento privado. Aun así, subrayó el interés de su país en acompañar inversiones para garantizar normas laborales, ambientales y la consulta previa a las comunidades.

Misión europea

Tras cuatro días de reuniones multisectoriales, concluyó ayer la visita de una misión europea integrada por funcionarios y empresarios, que incluyó un diálogo político de alto nivel y una visita a Uyuni. “No se trata solo de aprovechar el litio, sino de industrializar e insertar a Bolivia en cadenas de valor internacionales con tecnología europea y altos estándares sociales y ambientales, en beneficio de las comunidades locales”, afirmó Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior en una declaración de prensa.

Bolivia acumula 17 años de promesas y tensiones en torno al litio. Desde el decreto de 2008 que impulsó los recursos del Salar de Uyuni hasta la creación de YLB y los contratos con consorcios de China, Rusia y Alemania, el proceso estuvo marcado por conflictos. El quiebre más recordado ocurrió en 2019, cuando Evo Morales rompió el acuerdo con ACI-Systems tras el rechazo social.

En ese contexto, la señal alemana apunta a no financiar directamente la extracción, sino promover reglas claras, licenciamiento social y salvaguardas ambientales para que cualquier inversión privada sea sostenible. Para Berlín, la clave —antes que toneladas y contratos— está en la gobernanza y en el diálogo con quienes viven alrededor del salar.

EL DEBER