Respecto a la suspensión de las elecciones judiciales en Bolivia y las graves repercusiones que tendrá esto para la democracia:

La suspensión de las elecciones judiciales previstas para 2024 en Bolivia, tendrá consecuencias significativas para la ya débil democracia boliviana, tanto en lo institucional, político, económico y social. Estas elecciones, aunque muy criticadas por su falta de efectividad, representan un intento de darle legitimidad al poder judicial y cambiar, al menos en parte, a jueces corruptos, politizados o incompetentes. Su suspensión tendría efectos amplios y profundos, exacerbando la falta de credibilidad en el sistema judicial boliviano.

Se está consolidando la percepción de que el sistema judicial es un brazo del partido en el poder, esto debilitaría aún más la independencia judicial, que es un pilar fundamental para la separación de poderes y el funcionamiento de una democracia sana. Un sistema judicial percibido como parcial, es incapaz de garantizar justicia, lo que afecta directamente la gobernabilidad.

La suspensión de las elecciones judiciales ya es un nuevo foco de tensión política en Bolivia, que está profundamente polarizada, evidencia, además, la incapacidad del sistema o la falta de voluntad de sus autoridades, para garantizar elecciones justas y transparentes, implicando en ello, a todos los órganos del Estado. 

La suspensión de las elecciones judiciales, tendrá un impacto directo en las presidenciales de 2025, pues este órgano judicial sin legitimidad y con fuerte dependencia política se ha convertido en una amenaza para los procesos electorales, lo que podría afectar la confianza y la percepción de transparencia en dichas elecciones, además de generar incertidumbre respecto a las mismas. La desconfianza en que los tribunales constitucionales actúen con independencia, abre las puertas a todo tipo de futuras denuncias de fraude, irregularidades o manipulación de resultados, lo que podría desencadenar una crisis política y social, como ocurrió en 2019.

Las elecciones judiciales y las elecciones presidenciales están interconectadas en términos de confianza pública. Si los bolivianos perciben que el sistema judicial no puede renovarse de manera democrática, esta desconfianza se trasladará a las futuras elecciones generales. El electorado podría asumir que el sistema está manipulado y que los resultados, tanto de las elecciones judiciales como presidenciales, carecen de transparencia. Esta percepción erosionaría aún más la fe en el sistema democrático, un problema ya presente en Bolivia.

La suspensión de las judiciales, enviaría un mensaje muy claro a la población: que las instituciones no pueden o no quieren renovarse democráticamente. Esta percepción de un sistema estancado o manipulado, alimentaría el desencanto ciudadano, lo que podría derivar en una mayor apatía política o, peor aún, en un aumento del apoyo a opciones autoritarias o radicales que prometan soluciones.

Bolivia ya enfrenta una profunda crisis de confianza en sus instituciones. La suspensión de las elecciones judiciales no haría más que agravar esta situación. La percepción de que los procesos democráticos pueden ser pospuestos o eliminados arbitrariamente, debilita los valores democráticos y fomenta el escepticismo hacia la capacidad del Estado para representar los intereses de la ciudadanía. A corto plazo, esto podría generar un ciclo de inestabilidad política y social, ya que sectores descontentos podrían recurrir a la movilización y la protesta para expresar su frustración.

La suspensión también podría desencadenar una mayor movilización de la oposición política y e incluso de las regiones, que ven en este hecho una violación del Estado de Derecho. En un país con una tradición de alta movilización social, cualquier signo de erosión democrática puede llevar a protestas masivas, incrementando el riesgo de enfrentamientos y desórdenes que afecten la estabilidad.

Finalmente, es necesario señalar que la no realización de elecciones judiciales, no solo afecta la confianza política, sino que también influye en la percepción de la económica. La incertidumbre generada, desincentiva cualquier inversión nacional o extranjera, ya que los inversores perciben la inestabilidad institucional como un riesgo. Sin un sistema judicial confiable, la seguridad jurídica se ve comprometida, lo que afecta negativamente la economía del país, que ya se enfrenta a desafíos como el déficit fiscal y la deuda pública en aumento. Los actores económicos prefieren operar en países donde las reglas son claras y se respetan. En un contexto donde el sistema judicial es débil, el riesgo de prácticas corruptas aumenta, lo que a su vez afecta la competitividad de Bolivia y su capacidad para atraer inversiones.

En conclusión, jueces y magistrados, respaldados por el poder político, están poniendo en peligro la estabilidad del país de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Las ambiciones de grupos de poder que se han adueñado del órgano judicial, han generado desconfianza en el sistema democrático y aumentado el riesgo de conflicto social. Por tanto, llevar a cabo estas elecciones, aunque criticadas, es necesario para sostener algo de gobernabilidad, democracia y no afectar más la economía de la gente.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera