Por: Andrés Gómez Vela

Luis Fernando Camacho fue el único político que recibió a Manfred Reyes Villa el domingo 26 de enero de 2020, en el aeropuerto de Viru Viru; y lo invitó a volver a participar en política. Reyes Villa retornaba de su autoexilio de Estados Unidos luego de 10 años. «Yo no he venido a dividir, he venido a sumar para que nunca más vuelva ese Gobierno abusivo, ese Gobierno terrorista», dijo aquel día a los medios el hoy precandidato a la Presidencia.

Aquella vez, la prensa informó que Reyes Villa tenía al menos 18 procesos penales iniciados en su contra, de los cuales cinco ya tenían sentencia. Una de las primeras fue dictada el 19 de enero de 2016. Ese día, un tribunal de Cochabamba lo condenó a 5 años de prisión por corrupción. El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción informó ese martes que la sentencia fue por el delito de conducta antieconómica y que debía ser cumplida en una cárcel de Cochabamba.

Meses después de la bienvenida de Camacho y con los juicios encima, Reyes Villa organizó su agrupación ciudadana para postularse a la Alcaldía de Cochabamba en las elecciones municipales de 2021. En enero de aquel año, el Tribunal Departamental Electoral (TED) lo inhabilitó por no presentar el requisito de no tener pliego de cargo ejecutoriado. En su resolución, argumentó una deuda de Bs 2.372 y un proceso coactivo fiscal por $us 288.543 (más de dos millones de bolivianos), pendientes de cumplimiento.

Días después, el Tribunal Supremo Electoral revocó la decisión del TED Cochabamba y habilitó a Reyes Villa. En ese momento, una encuesta de Unitel señalaba que aquel tenía una intención de voto del 39%. Iba primero.

El 26 de febrero de 2021, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a Reyes Villa al constatar que tenía vigente un pliego de cargo ejecutoriado por una deuda con el Estado. El periódico La Razón informó que Reyes Villa pagó la totalidad de los Bs 2,3 millones por la presunta compra irregular de seis motorizados cuando era prefecto de Cochabamba. Saldada la deuda, el TSE lo habilitó cuatro días antes de las municipales del 7 de marzo.

Aupado sobre la buena sombra de gestiones municipales suyas anteriores y la mala sombra de desastrosos periodos inmediatos de sus adversarios, en el municipio de Cochabamba, ganó esas elecciones.

El 20 de septiembre de 2021, el entonces ministro de Justicia, Iván Lima Magne, se ocupó de recordar, en tono de amenaza, al ya Alcalde de Cochabamba que tenía una sentencia ejecutoriada de cinco años de cárcel, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un comunicado de su oficina indicó que Reyes Villa fue sentenciado por conducta antieconómica en el caso “Sillar Alternativo”.

La nota oficial recordaba que el caso era de 2009 y que Reyes Villa había sido procesado por haber adjudicado de manera irregular, en su calidad de exprefecto de Cochabamba, una consultoría para la elaboración del proyecto carretero El Sillar en el trópico de ese departamento. 

“Ya existe una cosa juzgada y lo que se tiene que hacer, como todos los bolivianos, es respetar la sentencia. Nadie está por encima de la ley, hay una sentencia ejecutoriada. Todo alcalde y autoridad debe cumplir la ley, no porque seas de oposición no lo vas a hacer”, advirtió Lima, ministro de confianza del presidente Luis Arce en su momento.

El 31 de julio de 2022, la directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de Cochabamba, Patricia Sánchez, informó que su despacho llevaba adelante, desde gestiones anteriores, 15 procesos contra Reyes Villa, de los cuales 10 ya tenían sentencias condenatorias o absolutorias. Recordó que la defensa interpuso en el caso “Sillar Alternativo” un amparo constitucional y que la Gobernación aguardaba la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El 21 de julio de 2023, Correo del Sur informó que el TCP había anulado los obrados en 12 procesos penales contra Reyes Villa, cuatro de ellos ya con sentencia. Los antecedentes fueron remitidos al Fiscal General. El TCP consideró que Reyes Villa debió ser procesado en la vía de juicio de responsabilidades puesto que siendo Prefecto gozaba de ese fuero.

A partir de este momento, las sospechas contra Reyes Villa comenzaron con una pregunta: ¿a quién obedecen los magistrados (hoy autoprorrogados) del TCP: a la ley o al gobierno? Varias evidencias demuestran que obedecen al gobierno de Luis Arce. Una evidencia: la autoprórroga.

En junio del 2024, Reyes Villa defendió la resolución de los “autoprorrogados” que anuló la sesión del Parlamento convocada por Andrónico Rodríguez, en su condición de Presidente de la Asamblea. La sesión anulada había aprobado la ley que cesaba, precisamente, a los autoprorrogados.

Los gestos de simpatía de Reyes Villa hacia el gobierno fueron marcando sus huellas de comportamiento. Entre junio y agosto del año pasado, conformó una bancada con 42 asambleístas disidentes de la oposición para apoyar requerimientos del arcismo, entre ellos créditos.

El domingo 5 de enero, se proclamó candidato a la Presidencia. Antes, anunció que no será parte del proyecto de unidad de la oposición.

Reyes Villa dice que puede ganar las elecciones nacionales de agosto próximo porque hay encuestas que, aparentemente, le favorecen como en el 2021. Si fuera así, sería la primera vez que un gobierno habría erigido conscientemente a su adversario para que lo derrote en las urnas. En este caso, el mismo masismo habría fabricado a su verdugo para ser echado del poder. Sería algo inédito.

Sin embargo, la realpolitik revela otras movidas. Deduzco que el gobierno de Arce liberó a Reyes Villa de sus sentencias para que cumpla dos papeles: 1) Ser una cuña electoral contra el evismo en el mismo territorio del evismo; y 2) dividir y debilitar a la oposición desde adentro de la oposición. En este último papel, la misma oposición le echa, a veces, una mano.

Por eso, Reyes Villa tiene un lenguaje beligerante contra Evo Morales y complaciente con Arce. Induce a sus seguidores (parte de la clase media que alguna vez votó por el MAS) a rechazar al exjefe de Arce. Lo que no se sabe es si Arce lo dejará correr hasta el final o le bajará la cabeza antes con la guillotina “justicia”.

Por ahora, Arce necesita a Reyes Villa en cancha electoral para mostrar la peor cara de la oposición desde la oposición. También lo necesita para que la oposición no logre aglutinar el voto de los electores de centro y gane las elecciones de agosto en primera vuelta. En 18 años, hemos sido testigos que ningún perdón del masismo es gratuito. El masismo ha demostrado que si no halla delito se lo inventa para acabar con sus adversarios. Salvo que, en este caso, Reyes Villa sea el candidato camuflado del arcismo. ¿Será?

En medio de todas esas hipótesis, ¿qué pasaría si Reyes Villa ganaría las elecciones nacionales (en política, toda hipótesis es válida)? ¿Pedirá Arce retribución: impunidad a cambio de impunidad?

El pasado 18 de diciembre, Luis Fernando Camacho, que había invitado a Reyes Villa a volver a la política en enero de 2020, firmó un pacto de unidad con Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. «Yo no he venido a dividir, he venido a sumar”, había dicho Reyes Villa cuando volvió al país. Cinco años después, su partido gatilló, mediante un comunicado, contra los opositores que buscan unirse: “Quienes hoy se presentan como una «juntucha» son los mismos de siempre”. Reyes Villa es de ese “club de los de siempre”. Juega con la polera de la oposición, más en favor del otro equipo.

Andrés Gómez Vela es periodista y abogado.

***El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera****