La Coordinadora de la Mujer y organizaciones de derechos humanos alertan sobre discursos de odio, amenazas y ataques sistemáticos contra mujeres en campaña electoral.
El Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, junto a la Red Observa Bolivia y la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, identificaron cinco casos emblemáticos de acoso y violencia política contra mujeres candidatas a través del monitoreo del proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales 2025.

Las agresiones, en su mayoría digitales, incluyen discursos de odio, amenazas, estigmatización y ataques sistemáticos a través de redes sociales y medios de comunicación.

Además, se advierte que dos candidaturas se encuentran en riesgo debido a amenazas que buscan excluirlas de la contienda.

Casos emblemáticos de violencia política

1. Eva Copa Murga – Movimiento de Renovación Nacional (Morena)

La actual alcaldesa de El Alto y excandidata presidencial fue objeto de una campaña sistemática de violencia digital que cosifica su cuerpo, expone aspectos íntimos de su vida e incita al daño físico. Se identificaron mensajes que constituyen delitos graves, como incitación a la violencia extrema. Además, enfrenta constantes cuestionamientos a su capacidad de liderazgo, con lenguaje misógino, racista y clasista que refuerza estereotipos discriminatorios por su género, edad, clase social y origen indígena.

2. Karla Robledo Guardia – excandidata por Alianza Unidad

Robledo fue blanco de mensajes que despreciaban su preparación y destacaban sus vínculos familiares con tono despectivo. Como consecuencia, renunció a su candidatura. Aunque el Tribunal Supremo Electoral no aceptó formalmente su renuncia, esta se hizo efectiva conforme al reglamento para renuncias por acoso político.

3. Toribia Lero Quispe – candidata a diputada plurinominal, Cochabamba

La candidata enfrenta una narrativa sistemática de deslegitimación con fuerte carga racista y sexista. Se identificó lenguaje simbólicamente violento, insultos y estigmatización, particularmente por su condición de mujer indígena. Estos ataques vulneran sus derechos humanos y políticos, conforme a las leyes 243 y 045.

4. Mariana Prado Noya – candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular

Prado ha sido víctima de ataques clasistas, comentarios sexistas y connotaciones sexuales en redes sociales. Se evidencian mensajes burlones y ofensivos que buscan desacreditar su capacidad política mediante estereotipos machistas.

5. Susana Bejarano Auad – candidata a senadora por La Paz, Alianza Popular

Se identificaron agresiones verbales basadas en su vida privada, así como intimidaciones y frases que incitan a la violencia o autolesión, como “desaparece” o “guillete”. También se detectaron burlas que buscan desacreditar su trayectoria profesional.

Datos del monitoreo

Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, informó que los casos se recogen en el primer informe semanal del Observatorio de Género, que monitoreó redes sociales como Facebook, X (antes Twitter), TikTok, Instagram, YouTube y medios de comunicación entre el 7 y el 28 de julio.

Los tipos de agresiones más frecuentes son:

1. Desprestigio, insultos y ridiculización (30%)

2. Descalificación o desvalorización (27%)

3. Reproducción de estereotipos de género (25%)

4. Mensajes de odio, racismo, amenazas y hostigamiento (16%)

5. Violencia vicaria (2%)

Sánchez advirtió que estos actos vulneran los derechos políticos de las mujeres y buscan desalentar su participación, lo que constituye delitos según la legislación boliviana.

Advertencias preocupantes y amenazas recientes

Los casos de Mariana Prado y Susana Bejarano adquieren mayor gravedad ante las amenazas públicas de organizaciones sociales. La Federación de Campesinos Tupak Katari exigió la sustitución de ambas candidatas, dando un plazo de 72 horas a Alianza Popular. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) hizo una petición similar mediante carta enviada al candidato Andrónico Rodríguez.

La Coordinadora de la Mujer considera estas presiones como acoso y violencia política, al buscar condicionar la participación electoral de ambas mujeres.

Exigen acción de las autoridades

Las organizaciones defensoras de derechos humanos demandan al Ministerio Público iniciar investigaciones sobre estos casos y establecer responsabilidades penales. También exigen al Tribunal Supremo Electoral garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, libres de violencia y acoso.

 “La violencia política contra las mujeres no solo vulnera derechos fundamentales, sino que debilita la democracia y la representación plural en el país”, concluyó Sánchez.
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