Empresarios, gremiales, transportistas y otros actores de la cadena de suministro se unieron en rechazo a la disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que autoriza el decomiso de productos. Estos sectores consideran que la medida genera incertidumbre y conflictos innecesarios, afectando tanto a los productores como a los consumidores. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y otras entidades, como la Agropecuaria del Oriente (CAO) y CAINCO, han expresado su desacuerdo, señalando que la medida es insegura, arbitraria y podría llevar a extorsiones.

A pesar del fuerte rechazo, el Gobierno defendió la medida, argumentando que es crucial para combatir el contrabando, especialmente en zonas fronterizas. Sin embargo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, sorprendió al declarar que el asunto no está en manos del Ejecutivo, sino del Legislativo. Según Silva, solo el Legislativo tiene la facultad de modificar o derogar la ley, señalando que el presidente no puede intervenir en este proceso. “No es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley”, afirmó el viceministro.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 otorga facultades a las entidades competentes para controlar, fiscalizar y decomisar productos almacenados con fines de encarecer los precios. El Gobierno propuso incluir a los sectores involucrados en la redacción del reglamento para la aplicación de la medida, pero esta propuesta fue rechazada por los gremiales y empresarios. Ante la falta de acuerdo, estos sectores dieron al Ejecutivo un plazo de 14 días para anular la disposición, advirtiendo con nuevas medidas de presión si no se toman acciones.