Del poder a la caída. Ahora, tras su paso por una cárcel en Miami, el exministro debería enfrentar las cárceles bolivianas, aunque este aspecto dependerá de la voluntad política del gobierno de Estados Unidos.
Arturo Murillo fue uno de los rostros más visibles y polémicos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020). Como ministro de Gobierno, cultivó un perfil combativo y autoritario, con decisiones que le generaron tanto lealtades como fracturas dentro del gabinete. Cuatro años después de haber dejado el país, Murillo cumplió una condena por lavado de dinero y en Bolivia lo esperan al menos ocho procesos judiciales.
De acuerdo con la normativa migratoria de Estados Unidos debería ser expulsado de su país luego de cumplir parte de una condena de 70 meses de prisión en Miami. Allí fue hallado culpable de recibir sobornos y de lavar dinero en la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, durante su gestión como ministro, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
En 2020, pocos días antes de la toma de juramento de Luis Arce como presidente, Murillo dejó el país con una promesa incumplida: acompañar a Áñez “hasta el último día”.
Una figura de poder y controversia
Empresario hotelero en sus orígenes, Murillo incursionó en política con Unidad Nacional (UN), el partido de Samuel Doria Medina que lo llevó al Legislativo como diputado por Cochabamba en 2005. Fue su única bancada en esa legislatura.
En 2009 fue subjefe de campaña presidencial de Doria Medina y, tras sucesivas derrotas, en 2014 llegó al Senado. En 2018 rompió con UN y se alineó con Demócratas, el partido de Rubén Costas.
Para 2019, formaba parte de la alianza Bolivia Dice No, que postuló a Óscar Ortiz. Sin embargo, el convulso desenlace electoral de ese año lo catapultó al poder: tras la renuncia de Evo Morales, Jeanine Áñez asumió la presidencia transitoria y Murillo fue designado como su ministro de Gobierno. Desde ese cargo, fue uno de los operadores más influyentes.
“Murillo era autoritario. En ocasiones, la expresidenta nos dejaba solos al mando de Murillo para afinar y aprobar los decretos. Ella confiaba mucho en él”, recordó en su momento un exministro del gabinete de Áñez, bajo condición de anonimato.
La justicia lo espera
Murillo tiene ocho procesos abiertos en La Paz, casi todos por delitos de corrupción. De ellos, dos ya tienen sentencia: el caso “gases-Ecuador” y el más conocido “caso gases lacrimógenos”, que le valió condenas de cuatro y ochos años respectivamente. Otros dos casos están en etapa de juicio, dos en etapa preliminar y los restantes en fase preparatoria.
Los cargos incluyen legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, robo agravado e incumplimiento de deberes. Además, está vinculado con las investigaciones por las muertes de civiles en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) que tuvieron lugar en noviembre de 2019. El Grupo de Expertos Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) calificó de “masacres” ambos eventos.
Antes de cumplimiento de la pena en Estados Unidos, la Fiscalía boliviana solicitó su extradición, pero todo apunta a que su regreso se concretará mediante deportación directa. Una vez llegue a suelo nacional, se ejecutará su mandamiento de aprehensión y será remitido a un juzgado para definir su situación legal.
Del poder a la caída
Durante su paso por el poder, Murillo acumuló poder político, influencias y protagonismo mediático. Pero también generó fuertes rupturas internas. Su tensa relación con el entonces ministro de Economía, Óscar Ortiz, marcó uno de los puntos de quiebre del gabinete de Áñez. Ortiz renunció tras negarse a firmar decretos que consideraba ilegales, y poco después Murillo viajó a Washington en una supuesta “misión diplomática”, sin saber que ya era objeto de seguimiento por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos por su implicación en sobornos.
“No me creas tonto”, decía Murillo en tono desafiante; una frase que usaba incluso en los consejos de ministros, según relataron testigos. Hoy, esa misma expresión resuena con ironía tras su caída en desgracia.
Al momento de dejar el Ministerio de Gobierno, Murillo declaró una renta de 11,3 millones de bolivianos. Fue censurado por la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, pero continuó en su cargo. Esa persistencia en el poder, combinada con su protagonismo en la represión y en escándalos de corrupción, lo convierte hoy en uno de los principales símbolos del fracaso del gobierno transitorio que estuvo en el país entre 2019 y 2020.
Ahora, tras su paso por una cárcel en Miami, el exministro debería enfrentar las cárceles bolivianas, aunque este aspecto dependerá de la voluntad política del gobierno de Estados Unidos.
///EL DEBER///
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