La medida se aplica en comunidades del municipio de Coroico, donde dirigentes sindicales amenazan a comunidades enteras con sanciones económicas y turnos obligatorios de participación en la protesta que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503.
Comunidades de los Yungas de La Paz enfrentan amenazas de multas de hasta Bs 1.000 por comunidad si no se suman a los bloqueos de caminos que se mantienen en la región. La adhesión a la medida no es voluntaria, dirigentes sindicales establecieron la participación como obligatoria, bajo sanción económica.
La disposición quedó registrada en un audio atribuido a Pedro Quispe, dirigente de la Central Agraria 2 de Febrero, organización que forma parte de la Federación de Coroico. En el mensaje, dirigido a dirigentes máximo de comunidades y sub centrales, se informa que la decisión fue asumida en una «reunión de emergencia» convocada por el denominado Comité de Bloqueo.
En el audio se advierte que toda comunidad que no participe del bloqueo será sancionada con Bs 1.000.
Además de la sanción económica, los dirigentes instruyen turnos obligatorios de relevo, estableciendo que cada comunidad debe enviar grupos de personas para sostener la medida durante el día.
Los bloqueos se concentran en puntos estratégicos, entre ellos la vía Yolosita–Chitia, además de otros accesos que afectan el tránsito hacia el norte paceño.
La medida de presión respalda la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503. Los bloqueos ya se extienden por cuatro días y han generado serias restricciones a la circulación vehicular y rechazo de la población.
El contenido del audio evidencia que la protesta se sostiene mediante mecanismos de presión interna, donde la participación comunitaria no responde a una decisión voluntaria, sino a disposiciones sindicales acompañadas de sanciones económicas.
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